El polémico vertedero de Abanilla, que cruza la frontera entre la Región de Murcia y el municipio alicantino de Orihuela, ya está clausurado. La Consejería de Medio Ambiente ha terminado los últimos trabajos de sellado del ‘vaso 0’ del basurero gestionado por la empresa Proambiente, que recibía residuos sólidos urbanos y cuyos olores, junto con los lixiviados, han sido foco de protestas de los vecinos de los municipios colindantes. Los trabajos de sellado del vertedero, ubicado en el paraje abanillero La Solana (espacio protegido dentro de la Red Natura 2000), se iniciaron en 2015, mediante una resolución de ejecución forzosa subsidiaria de los gobiernos murciano y valenciano, ante la situación provocada por la empresa Proambiente.
Los trabajos de sellado del basurero, ubicado en el Paraje La Solana, en la Sierra de Abanilla (un espacio protegido), se iniciaron en 2015, tras una ejecución forzosa subsidiaria de las administraciones autonómicas valenciana y murciana después de que los propietarios de la instalación incumplieran el proyecto de restauración que se vieron obligados a ejecutar tras la suspensión de la actividad en 2011 por el expediente sancionador que se le interpuso por parte de la Región de Murcia.
En estos seis años de trabajos para sellar definitivamente el vertedero, ambas administraciones han invertido, subsidiariamente, 8,8 millones de euros (la mayor parte, 6,5 millones, la ha asumido la Región de Murcia, donde pertenece el 72% de la instalación, y el resto la Generalitat Valenciana, que concluyó hace tiempo los trabajos de sellado). De esta manera, ambas administraciones dan por clausurado definitivamente el basurero, aunque ahora deberán hacer frente a los 6,3 millones en los que se estima el coste del mantenimiento post-clausura de la instalación durante los próximos 30 años.
Y es que los líquidos tóxicos o lixiviados siguen brotando por los problemas de impermeabilización de los vasos 1 y 2 (con basura enterrada hasta a 100 metros). Una canalización los lleva hasta una balsa de emergencia que los bombea hasta la balsa de 50.000 metros cúbicos que la Región de Murcia construyó en 2015 para contener los lixiviados. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia aseguraran que los líquidos tóxicos están controlados al tener nueve bombeos con 10 bombas funcionando. No obstante, el olor, que llega a las localidades vecinas, sigue siendo nauseabundo.
La balsa, que está monitorizada, contiene actualmente 41.000 metros cúbicos de líquidos tóxicos, aunque los técnicos señalan que no hay problema de colmatación porque los lixiviados que entran son menores que los que se evaporan, sobre todo en verano.
Solo se han sacado de allí 7.500 metros cúbicos de lixiviados tras la DANA. Pero su retirada es muy cara y las administraciones negocian ahora dónde llevarlos tras su extracción.
¿Quién paga la vigilancia?
Una vez finalizados los trabajos, queda ahora la vigilancia y el mantenimiento post-clausura del vertedero, así como la gestión de lixiviados, durante 30 años, lo que se estima en 6.326.325 euros a sufragar por los gobiernos valenciano y murciano, que tienen abierto un procedimiento judicial para reclamar a los propietarios la cuantía económica invertida en la restauración y mantenimiento de la instalación. En este sentido, tanto los alcaldes de Abanilla y Orihuela como el consejero murciano Antonio Luengo reclamaron al Gobierno central que destine fondos para ayudar a las administraciones autonómicas.
Por su parte, el alcalde de Abanilla José Antonio Blasco lamentó que el Ministerio de Transición Ecológica «ni está ni se le espera», mientras que Antonio Luengo reclamó su «necesaria colaboración». De lo que no quiso hablar el consejero murciano es de la investigación abierta a su consejería por la Fiscalía de la Región de Murcia por presunto delito medioambiental, por la pérdida de lixiviados, tras las denuncias del Seprona y de la asociación Vertivega. Tampoco aclaró si las administraciones pedirán que los terrenos pasen a dominio público.
Ecologistas tacha de «ocurrencia» la propuesta de Murcia
La inversión hecha para llevar a cabo las obras de reparación de las balsas «la acabarán pagando los ciudadanos», señala Ecologistas en Acción. La organización tacha de «ocurrencia» pasar la factura del mantenimiento de las balsas al Estado «después de que la Consejería haya permitido esta situación desde el año 1999 por mirar a otro lado». Ahora, subrayan, la responsabilidad del futuro del basurero «la quieren cargar sobre el Gobierno central pidiéndole que se haga cargo a algo que no tiene la competencia».
