La vacunación contra la covid-19 está consiguiendo que la presión hospitalaria en la quinta ola sea mucho más suave que en las anteriores; sin embargo, los contagios se siguen sucediendo, arrastrando también a aquellos más vulnerables ante la pandemia, los mayores.

Según ha podido saber esta Redacción, la persona que introdujo la covid-19 en la residencia Caser de Lorca, brote que ha terminado alcanzando a 24 personas (una de ellas un varón de 84 años, vacunado pero con patologías previas, que ha tenido que ser ingresado con pronóstico grave), es un trabajador del centro que había rechazado el pinchazo. No es el único caso en la Región ni en el resto de España: la quinta ola ha provocado ya en las residencias de mayores de todo el país 37 muertes y 1.029 contagios en la última semana.

Este es uno de los motivos que ha llevado al Gobierno regional a trabajar para encontrar el modo de poder obligar a todo el personal sociosanitario de la Comunidad a vacunarse contra el coronavirus. De hecho, los servicios jurídicos del Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, ya están buscando la fórmula que les permita implantar la medida. No es una tarea sencilla, ya que las comunidades carecen de competencias legales para tomar esta decisión. En España, la última vacuna obligatoria fue la de la viruela.

La imposición no afectaría solo al personal sanitario de las residencias de mayores y de discapacitados, sino a todo el personal esencial. Antes, este colectivo estaba formado por auxiliares de enfermería, enfermeros y médicos, pero el código se reformó para considerar esenciales a todas aquellas personas que trabajan cerca de personas vulnerables, por lo que se incluirían la plantilla del servicio de limpieza, de cocina, de lavandería o de seguridad.

Por su parte, las consejerías de Política Social y de Salud del Ejecutivo murciano, dirigidas por Isabel Franco y Juan José Pedreño, respectivamente, preparan una reunión de equipos que tendrá lugar próximamente para abordar este asunto.

El exjefe del Servicio de Prevención del Servicio Murciano de Salud y actual consultor honorario permanente del Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea en el área de vacunas, José Antonio Navarro, ya contó a LA OPINIÓN el pasado mes de septiembre que solo en el caso de las residencias se podría «estudiar la obligatoriedad» porque «es donde se concentra la mortalidad», alertando de que habría que tener en cuenta «muchos aspectos legales».

Más voces lo exigen

La Región de Murcia no es la única comunidad que se mueve en este sentido. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, defendió ayer de nuevo que se busque algún «resquicio legal» que permita hacer obligatoria la vacuna frente a la covid-19 basándose en la salud pública general y en no poner en peligro el interés colectivo.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha acordado mantener en suspenso la vigencia del apartado de la Ley de Salud de Galicia que contemplaba la vacunación obligatoria de la población. «Ya tenemos una ley vigente para gestionar la pandemia», sentenciaba ayer el titular de Sanidad, Julio García Comesaña.

Por otra parte, precisamente esta semana, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, exigía a las autoridades la vacunación obligatoria de todo el personal que trabaja en estos centros y en el sistema sanitario, como han hecho en Francia o en Grecia. Aún no han obtenido respuesta. El lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, rechazaba la vacunación obligatoria porque «la gente ya acude masivamente a vacunarse».

En declaraciones a EFE, Pascual reconoce que hay ya una elevada tasa de inmunización en las residencias (en torno al 95%), pero no entiende que siga habiendo un porcentaje, aunque sea pequeño, que no se haya vacunado cuando sabe que trabaja con personas vulnerables, a las que el coronavirus puede matar.

La presidenta de la patronal reconoce que no esperaban los datos de incidencia que se están registrando en las residencias en esta quinta ola y admite que les ha sorprendido la situación, pero destaca también la preparación que tienen los centros para manejarla, con protocolos y áreas sectorializadas para los positivos. En ningún caso el impacto sanitario va a ser el mismo que hace un año, afirma, pero las residencias, como otros sectores, también tienen en verano las plantillas «tensionadas» por las vacaciones del personal, admite.

Entre las medidas para frenar la entrada de esta quinta ola, CEAPS apuesta por la realización de cribados con pruebas de antígenos, tanto al personal y a los residentes como a los familiares.

Por su parte, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) exigió ayer la implantación «obligatoria» de vacunación para «todos los trabajadores» en residencias, así como proceder al «aislamiento» de los contagiados en centros de evacuación ahora que el número de afectados es «controlable».