A mitad de julio, el Instituto Armado identificaba en Cieza a una pareja que, presuntamente, llevaba años vejando a un vecino solo por ser gay. Es el último de los delitos de odio hechos públicos en una Región, la de Murcia, que tiene la tasa de delitos de odio más baja del país, únicamente por detrás de La Rioja. Estos delitos motivaron en 2020 una treintena de arrestos en la comunidad. Sin embargo, los ataques que no se ven son muchísimos más de los que sí: nueve de cada diez víctimas de delitos de odio ni siquiera denuncian. Así lo refleja un estudio del Ministerio del Interior: el 89,24% de las personas vejadas, insultadas o atacadas por su orientación sexual, raza o religión no acuden a la Policía para dar cuenta de las agresiones sufridas.
Un dato que «debería rebajarse», apunta el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, que hace un llamamiento a las víctimas a que acudan a la Policía o al juzgado a contar su caso, ya que «si no tenemos conocimiento a través de una denuncia, difícilmente podremos actuar; de hecho, ya hay una realidad que no nos está llegando».
Díaz Manzanera lamenta que exista «dejadez» a la hora de poner en conocimiento de los investigadores hechos tan graves, y considera que se debe a que muchas víctimas son «personas extranjeras, que aún no se sienten los suficientemente protegidas por nuestro sistema o desconocen los mecanismos que se activan al denunciar». Asimismo, otras víctimas «temen represalias, como sucede en el caso de las mujeres maltratadas» y de ahí que permanezcan calladas. Su silencio «conlleva, que, evidentemente, el caso no llegue a la Justicia».
En la Memoria de la Fiscalía de 2020 constan 19 delitos de odio. Destaca el Ministerio Público que «durante el confinamiento se observó un aumento de atestados y denuncias, que dieron lugar a diligencias de investigación, por delitos de amenazas, injurias y calumnias, así como por delitos de odio». Sin embargo, «después del estudio de las mismas, se procedió al archivo, al entender que ninguna de ellas alcanza la gravedad suficiente para ser constitutivas de delito».
Una pareja acababa ante el juez en Cieza acusada de agredir durante años a un vecino solo por ser gay
Recuerda que en verano se incoaron diligencias de investigación contra el exjuez Ferrán Calamita por decir en Internet que la hija de una pareja de mujeres había sido dada a Servicios Sociales al separarse las madres, algo que era falso. También destaca en la Memoria el caso de una banda de ideología política extrema que agredió a otro grupo de signo contrario. Los integrantes están a la espera de que les den fecha para sentarse en el banquillo por pertenencia a grupo criminal, lesiones y amenazas.
En opinión del abogado murciano Raúl Pardo-Geijo, por otro lado, el odio «es un delito que aunque en ocasiones, por la gravedad de las expresiones, lo parezca, no siempre se consuma». En este sentido, aclara que «en primer lugar, ha de constatarse que los calificativos o epítetos suponen la realización de una conducta que provoca, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o discriminación, hiriendo la sensibilidad común de los ciudadanos, lo que presenta un gran problema por colisionar con el derecho fundamental a la libertad de expresión». «Y es precisa una voluntariedad del acto (querer hacerlo), por lo que no encajarían aquellas reacciones momentáneas arrebatadas que el sujeto no ha sido, por cualquier causa emocional, capaz de controlar», manifiesta el penalista.
De esta manera, «la función de los jueces consiste, pues, en valorar, atendiendo a las concretas circunstancias, si esa expresión de ideas es fruto del ejercicio legítimo del constitucional derecho a la libertad de expresión (justificándose, por tanto, por el valor predominante de la libertad) o, por el contrario, atenta a los derechos y a la dignidad de las personas a que se refiere», dice.
«Todos los jueces y juezas tenemos un objetivo común, que anula las posibles diferencias que tengamos al enfocar los temas: por un lado, disminuir la incidencia que están teniendo estos delitos y, por otro, conseguir su total eliminación», sentencia la magistrada Concha Roig, integrante de Juezas y Juezas para la Democracia en la Región.
La magistrada puntualiza que «en el trasfondo de muchos delitos, como malos tratos y amenazas, puede estar el agravante de odio». Sin embargo, «la persona que va a denunciar no hace referencia a ese tipo de trasfondo».
Roig pone el acento en la «importancia de la educación y la prevención» para tratar de atajar este tipo de conductas.
«Hace poco, a la salida de un concierto, tuve la desgracia de presenciar una agresión por racismo. Eran dos chavales los agredidos, a uno de ellos le habían roto la nariz y al otro el dedo pulgar de la mano. El caso es que yo salí corriendo a auxiliar a los chicos: nos acercamos entre unas tres o cinco personas, no muchas más, les dijimos que tenían que llamar a la Policía, además de a Urgencias, porque ambos tenían lesiones que no se podían curar con una tirita. Los chicos, pese a los hechos ocurridos, se mostraron reticentes en todo momento. Les pregunté por qué no querían llamar a la Policía y respondieron que da igual lo que les dijeran, ya que finalmente les echarían las culpas a ellos y no les creerían».
Así se expresa la neuropsicóloga Felipa Gea, que tiene claro que su experiencia personal «es un claro ejemplo sobre lo que pasa y está pasando con los delitos de odio». «Sólo somos unas muy pocas personas las que nos acercamos a auxiliar a las personas excluidas de la sociedad», lamenta.
Gea subraya que «el miedo es el mayor aliado de los delitos de odio, ya que hace que las víctimas no denuncien». Se trata de personas que «están discriminadas y, por lo tanto, sus agresiones pierden importancia de cara a la sociedad». «A la larga esta invisibilización crea culpa y vergüenza, pues ninguna persona quiere estar excluida, vejada y desprotegida. Pero, cuando todos estos hechos se instauran en nosotros mismos, nos hacen creer que lo merecemos por ser diferentes».
Por su parte, el sacerdote y activista Joaquín Sánchez, opina que «por el auge de la extrema derecha, se ha hecho más público el odio al diferente». «Antes mucha gente no se atrevía a decirlo públicamente y ahora sí», lamenta.
«Muchos no se denuncian porque dicen: ‘bueno, eso no va a ningún sitio’. Se denuncia solamente en casos de una agresión física que necesita atención hospitaliaria. Y es importantísimo que la gente denuncia», remarca.
Hablan las víctimas: "Lo que hay en común es el miedo a las represalias"
El presidente de No Te Prives, Jesús Costa, y la presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), Sabah Yacoubi, coinciden en que las personas que son atacadas por su religión, origen, raza o identidad sexual tienen algo en común: el miedo.
«Claro que hay miedo, y más cuando están aumentando las agresiones», denuncia el presidente de No Te Prives, que apunta que «se estima que solo se denuncia el 10% de lo que pasa». A su juicio, «falta formación en los propios Cuerpos de Seguridad» a la hora de asistir a las víctimas que acuden a una comisaría a denunciar.
Costa remarca que «se empieza por el desprecio, se sigue por el insulto y se acaba con una agresión». Apostilla que este tipo de actitudes violentas «están aumentando entre personas jóvenes», por lo que la solución, tiene claro, está en «la educación». A la hora de luchar por los avances en materia LGTBIQ+, Costa resalta que «la Región no hace los deberes por el chantaje ideológico al que Vox somete a este Gobierno regional».
La presidenta de ATIM, por su parte, destaca que «según el último informe elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, el 81,2% de personas que han sufrido discriminación racista o xenófoba no ha presentado una denuncia, reclamación o queja».
"No denuncian por falta de recursos, por no perder su trabajo y porque nadie les creerá sin testigos"
Desde su punto de vista, «un importante porcentaje de afectados no denuncian por falta de recursos, por miedo a perder su trabajo y porque nadie les creerá sin testigos».
Sabah Yacoubi precisa que «es verdad que en tiempos de crisis los golpeados por ella buscan responsables de su situación entre los que son víctimas también y no entre quienes la provocan».
A este respecto, la activista asevera que «Murcia tiene complejo de nuevo rico y de no ser el pueblo retrasado y pobre que fue siempre».
«En las familias se transmite a los hijos una especie de superioridad que los niños asimilan: muchas familias llevan a sus hijos a colegios sin presión de niños inmigrantes, ‘para una mejor educación’, que se traduce en una educación mala, con mucha fobia al diferente», especifica la presidenta de ATIM en Murcia, que recuerda que su asociación «manifiestó en muchas ocasiones su preocupación ante la falta de prioridad para la adopción de medidas políticas y de otro tipo para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia, especialmente contra la población migrante».
A su juicio, «las autoridades públicas deben condenar públicamente cualquier ataque racista y dejar claro que no se tolerará ningún ataque basado en la discriminación».
«Solicitamos a las autoridades que pongan en marcha medidas de carácter legal, político, social, educativo o de sensibilización para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la islamofobia y la intolerancia, incluida una legislación general contra la discriminación en todos los ámbitos: el lugar de trabajo y residencia, en su acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda», subraya Yacoubi.
