Agua

Alicante adelanta a Murcia en la respuesta judicial al cambio de reglas del Trasvase

Plantean un recurso contencioso-administrativo al Ministerio ante el Supremo por no atender la opinión de los técnicos de esperar a 2022

Miras, junto al decano de los Economistas, ayer. | CARM

Miras, junto al decano de los Economistas, ayer. | CARM / fj.b./a.s./efe

FJ.B./EFE

Un recurso contencioso-administrativo por dos razones fundamentales: porque el cambio en las reglas de explotación del Trasvase no se sometió a información pública y porque en el informe de los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), en el que se sustenta el Gobierno central para llevar a cabo tal modificación, se aconsejó esperar a la aprobación definitiva del Plan Hidrológico del Tajo en 2022.

Esta será, en su conjunto, la línea argumental del recurso contencioso-administrativo que preparan los servicios jurídicos (asesorados por el Instituto del Agua de la Universidad) de la Diputación de Alicante, las comunidades de regantes y Asaja-Alicante, para presentar ante el Tribunal Supremo, e intentar que los jueces paren lo que no ha podido hacer la política: el cambio de las normas de explotación del trasvase que, en el mejor de los escenarios hidrológicos, costaría a la provincia 132 hm3 al año, suponiendo doce meses con el trasvase máximo.

Para estos organismos, la actuación del Ministerio fue una decisión unilateral que vulnera el proceso de participación pública e, incluso, va en contra de la recomendación de los propios técnicos del CEDEX que han recortado el trasvase máximo mensual en 11 hm3, pero que trasladaron a la vicepresidenta Teresa Ribera que lo mejor era esperar, y vincular el cambio puntual de las normas de explotación del Tajo-Segura a tener aprobado el nuevo plan hidrológico del Tajo. Es decir, a principios de 2022 a fin de fijar mejor y para un periodo más largo las reservas y disponibilidades de agua para Murcia, Alicante y Castilla-La Mancha.

Desde la Región de Murcia la actuación judicial es bien diferente. El Gobierno regional señala que ya ha dado traslado a los servicios jurídicos de la Comunidad el real decreto, publicado el miércoles en el BOE, que modifica las reglas del acueducto pero todavía no ha concretado en qué líneas argumentales se va a sustentar para poder batallar en los tribunales. El presidente López Miras ha insistido en que se llevarán a cabo todas las actuaciones judiciales necesarias, sin especificar nada más.

Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) señalaban también el miércoles que estudiarían posibles «flecos» legales para ver si cabe la posibilidad de presentar un recurso, aunque lo veían complicado. Desde Asaja Murcia se suman al recurso que plantean sus compañeros de Alicante, aunque subrayan que es el recurso contencioso-administrativo parte desde la delegación de la organización de Alicante junto con las comunidades de regantes. Pese a ello, desde su organización siguen «defendiendo los intereses del trasvase Tajo-Segura» y aseguran que se movilizarán y harán «todas las gestiones necesarias, para que no lo cierren, como pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez».

Valencia se suma al recurso

El Gobierno valenciano ha encargado ya a la Abogacía que estudie un recurso frente a dicho real decreto, ya que supone «un recorte de las transferencias hídricas a la Comunitat Valenciana». El Ejecutivo rechaza cualquier modificación previa al acuerdo de los planes hidrológicos: «El orden de los factores altera el producto. Plantear un cambio de las reglas explotación antes de culminar el proceso de planificación hidrológica no solo es un insulto, sino también un peligro para el trasvase».