El Gobierno regional reclamó ayer al Gobierno central, en el marco del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, «la dotación de los medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Fiscalía para el proceso de determinación de edad de los menores extranjeros, que debe continuar siendo Estatal, correspondiendo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar las pruebas médicas cuando sean necesarias», según explicó la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco.

Franco remarcó que las entidades públicas autonómicas «ofrecemos nuestra colaboración en el proceso de determinación de la edad de los menores, pero no podemos asumir la realización de actuaciones que escapan de nuestras competencias».

Por otro lado, Franco recordó la importancia de concretar la financiación de las plazas de centros de menores. Conocer, dijo, «qué créditos están previstos, cuáles van a ser las fórmulas de financiación y cuánto tiempo se van a financiar». En la Región de Murcia, el coste de cada menor para centros de primera acogida de menores en situación de urgencia o emergencia social asciende a casi 59.000 euros.

Franco consideró «precipitada» la aprobación del borrador del texto y solicitó una «respuesta más meditada, puesto que todavía tiene que pasar por el Consejo de la Infancia aún sin crear».