La población reclusa en la Región de Murcia se mantiene estable desde el año 2011 y en 2020, último dato conocido, alcanzó la cifra de 1.641 presos, de los que sólo el 7,23 por ciento son mujeres. Sin embargo, según datos del Ministerio de Interior, la tendencia en el país es tener las cárceles cada vez más vacías. Con 55.180, reclusos, España firmó en 2020 un mínimo histórico que se extiende varias décadas. El descenso de la criminalidad o el aumento de las penas alternativas al ingreso en prisión, entre otras causas, ha descongestionado en los últimos años los centros penitenciarios nacionales.

Según el tipo de delito, los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señalan que el 40,5 por ciento de los condenados en las cárceles murcianas (666) atentaron contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El segundo mayor porcentaje en esta agrupación por delitos corresponde a los que cometieron un delito de salud pública (233), el 14,2 por ciento, seguido por los vinculados a la violencia de género (185), el 11,2 por ciento. Este último, referido a la violencia machista, mantiene una tendencia alcista desde el año 2016.

Con el 7,25 por ciento de los reclusos, se encuentran 119 por delitos de homicidio, en cualquiera de sus formas, de los que 112 fueron hombres y 7 mujeres, el 6,2 por ciento. Con el mismo porcentaje, el 7,2 por ciento, se encuentran las personas recluidas por atentados contra la libertad y la indemnidad sexual.

En cuanto al intervalo de edad, la tendencia se mantiene estable con respecto a los últimos cinco años. La mayoría de los que cumple su pena en una prisión de la Región tiene entre 41 y 60 años (573) siendo también muy numeroso el grupo de los que tienen entre 31 y 40 años (415). En cuanto a los menores de 30 años, los datos del Ministerio indican que el año pasado cumplían prisión 289 personas, mientras que sólo hay 55 personas recluidas con más de 60 años.

La gestión y seguimiento de las penas y medidas alternativas, competencia de Administración Penitenciaria, está regulada en un Real Decreto de 2011 en el que se definen los llamados Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) que están configuradas como equipos multidisciplinares. Estas unidades tienen encomendado el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad. En este sentido, en la Región, durante el último trimestre de 2021, se dictaron 700 trabajos en beneficio de la comunidad, 150 sustituciones de condena, 107 suspensiones del trabajo en beneficio de la comunidad y 155 suspensiones.

Agresiones a funcionarios

El secretario del Sector AGE de UGT-Servicios Públicos, Andrés García, sostiene que la mayor problemática que tiene el sector de los funcionarios de prisiones, «no sólo en la Región sino a nivel nacional, es la falta de seguridad». García sostiene que ésa es la principal reivindicación, «ellos no son considerados agentes de la autoridad y por tanto, cuando, por ejemplo, tienen que acompañar a un recluso de los que está en aislamiento, lo tienen que sacar, por normativa interna, hasta sin esposas; es una situación de indefensión total, no tienen protección ninguna, y debido a eso vienen las múltiples agresiones que han recibido; hace poco, una compañera de Murcia sufrió una a la hora de acompañar a un preso al patio».

Para esta fuerza sindical, cada vez que se actualiza la normativa interna «siempre se hace en favor del preso y no del funcionario», lamenta Andrés García, que destaca que la otra gran demanda y crítica es la falta de personal, «aunque últimamente están saliendo algunas oposiciones, llevamos muchos años sin contratar, por lo que además, la edad media del personal es muy elevada».

Sobre la necesidad de que los funcionarios sea considerados como autoridad pública, a título personal, el representante de UGT sostiene que «no decimos que les tengan que dar armas, pero ahora mismo sólo tienen un bolígrafo y su cuerpo para protegerse».

Cs denuncia las agresiones a los funcionarios

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Congreso Miguel Gutiérrez registró hace unas semanas una pregunta en la pide conocer «qué medidas piensa poner en práctica el Gobierno de Sánchez para atajar de una vez por todas las agresiones cada vez más violentas que sufren los funcionarios de prisiones, así como para hacer efectivo de una vez el ansiado reconocimiento de agente de la autoridad a estos servidores públicos».

Gutiérrez subrayó que «reconocer la autoridad pública resulta un paso fundamental para prevenir las agresiones que padecen estos trabajadores de manera cada vez más frecuente y violenta».