El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha informado este viernes, en el marco de su informe actualizado sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para lograr la recuperación del Mar Menor, de la inversión de 40 millones de euros que ejecutará para restaurar instalaciones mineras abandonadas que suponen un riesgo para la laguna salada. El citado informe de situación recoge los avances en la ejecución de la hoja de ruta puesta en marcha en octubre de 2019 con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural.
En este sentido, el Miteco continúa trabajando en la preparación de un ‘Programa Verde Integrado para la recuperación del Mar Menor’, que ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar, y un ‘Plan de adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente al Mar Menor’ que contribuya a una mayor resiliencia frente a los fenómenos de lluvia extrema, cada vez más frecuentes.
Las actuaciones de la hoja de ruta están dirigidas esencialmente a reducir los aportes de contaminantes a las aguas tanto superficiales como subterráneas, así como a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales. Para ello, se han incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a las labores de vigilancia e inspección, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores.
Dichos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para su conocimiento, y al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias. También se comunican los del resto de la cuenca y se trasladan a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido a la Fiscalía 203 expedientes sancionadores en el Mar Menor, de los que 132 se han remitido también a la CARM.
En el entorno del Mar Menor el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización (regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado) es de 461. Y la superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 4.275 hectáreas (ha), mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 3.414 ha.
El número de expedientes de restitución de cultivos iniciado por la CARM no se ha incrementado, pese a que dispone de 79 en vía administrativa ya remitidos. Próximamente se le remitirán otros 71 expedientes.
Cabe destacar que los agentes medioambientales han finalizado las inspecciones en la Cota-120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena. Ya se ha revisado una superficie superior a las 13.865 ha, de las cuales 11.560 (83% aproximadamente) dispone de sistema de riego. En consecuencia, se ha requerido a la comunidad de regantes que reduzca la superficie regable en 341 ha, habiéndose realizado 85 planos de detalle de la superficie de la cota 120.
Inspección de vertidos
Igualmente, continúa el refuerzo de la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes y las desalobradoras sin autorización. En lo referente al control de vertidos, desde principios de 2020 y hasta el momento se han iniciado 166 expedientes sancionadores a Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) por vertidos a cauce público, según la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras desde el 1 de enero de 2020 se elevan a un total de 109. El número de expedientes totales abiertos desde 2018 asciende a 657. A fecha de emisión de este informe, se han precintado un total de 201 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y la zona de Alicante desde que comenzaron las inspecciones, y se han propuesto 113 expedientes sancionadores. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado que 54 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas, y se ha procedido al sellado de 112 sondeos. Por otra parte, se han incoado seis expedientes de recuperación posesoria de los bienes de DPMT que estaban indebidamente ocupados, y 59 expedientes tendentes a determinar los derechos de los propietarios de ocupaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, en virtud de las disposiciones transitorias de la normativa. Se pretende de esta forma determinar qué ocupaciones son ilegales, con la finalidad de proceder a su levantamiento y a la restauración del DPMT.
