El fracaso en el número de solicitudes para optar a las ayudas estatales para empresas y autónomos de la Región de Murcia enfrentó ayer al Gobierno regional con la oposición en la Asamblea Regional. Aunque su debate no estaba previsto, a primera hora de la mañana la Junta de Portavoces dio luz verde a que la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, compareciese en el Hemiciclo a petición propia para explicar en qué situación se encuentra el fondo de solvencia empresarial en la Comunidad.
«Es la primera comparecencia de una consejera de Empresa en el Pleno de la Asamblea para dar explicaciones tras más de dos años de legislatura», afirmó Miguélez, en alusión a que la anterior responsable del departamento, la diputada de Ciudadanos Ana Martínez Vidal, no lo hizo cuando formaba parte del Ejecutivo de López Miras.
En este sentido, lamentó que en las tres semanas que duró abierto el plazo, el Gobierno regional solo recibió 2.575 solicitudes (1.328 de autónomos) y (1.247 de empresas) para optar a estas ayudas, mientras que el número estimado de potenciales beneficiarios en la Región se situaba en 35.000.
«Hemos realizado un esfuerzo para que todos los empresarios y autónomos puedan acceder a fondos de solvencia empresarial, de los que nos adjudicaron 142,5 millones de euros de los 7.000 millones a nivel nacional», explicó Miguélez, quien aseguró que esta línea de ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez «no cubren las necesidades reales de los empresarios» debido a que los criterios «no se han adaptado a las singularidades del tejido productivo empresarial murciano».
La consejera de Empresa volvió a lamentar que el Gobierno central se negase a modificar el decreto ley aprobado para conceder estas ayudas y que los criterios impuestos no se ajustaban a la realidad económica de las distintas comunidades, ya que los beneficiarios debían aportar las facturas pendientes con proovedores; también tenían que estar al día del pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social; acreditar haber sufrido pérdidas de al menos el 30% en sus ingresos en el último año y que el resultado de 2019 no podía ser negativo; así como el mantenimiento de actividad hasta finales de junio del próximo año en caso de recibir las ayudas.
«La convocatoria ha sido un fiasco porque las condiciones son leoninas», indicó la consejera portavoz. Ante esta situación, adelantó que en el próximo mes de septiembre se abrirá una nueva convocatoria de ayudas a la solvencia empresarial en la que se ampliarán «a todos los Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)» y que en el caso de no obtener los resultados esperados, se solicitará al Gobierno nacional un nuevo decreto de ayudas. Miguélez explicó que lo que se pretende es «gastar esa ayuda de 142 millones de euros» procedentes del Estado antes de final de año, ya que si no, se tendrá que devolver. No obstante, también prometió que antes del 15 de agosto el Gobierno regional pagará a los solicitantes que cumplen los criterios establecidos.
PSOE y Podemos, a la carga
Socialistas y diputados de Podemos en la Asamblea fueron los más duros tras la comparecencia de Miguélez. Virginia Lopo, del PSOE, denunció que «lo único que sabe hacer el Gobierno regional es confrontar con el de Sánchez» y exigió celeridad para que el dinero llegue a empresas y autónomos. Por su parte, Rafael Estaban, de Podemos, denunció que «a día de hoy ninguna empresa murciana ha visto un euro» y explicó que estas subvenciones «no son para todo el mundo, sino para los que han sido golpeados por la crisis» de la covid.
Tanto Francisco Álvarez (Grupo Cs) como la popular Miriam Guardiola recriminaron que las ayudas estatales «son insuficientes», «se dejaron fuera a sectores clave de la economía regional» y que «llegaron tarde». Por su parte, Juan José Liarte, del Grupo Vox, señaló que hay un grupo de empresarios que, aun cumpliendo los criterios, rehusan pedir las ayudas «porque significa comprometer y apostar todo su patrimonio por la supervivencia de su proyecto actual».
Los hosteleros de Archena, en contra de las restricciones
El sector de la hostelería, el comercio y el turismo de Archena está «disconformes» con el Gobierno regional ante las nuevas restricciones covid aprobadas esta semana y que sitúan al municipio en fase 3 de riesgo epidemiológico, lo que supone la reducción del aforo en locales comerciales y hosteleros al 30% y diferentes limitaciones en la organización de eventos culturales, turísticos y de ocio. La decisión adoptada, aseguran, es un «ataque directo» que vuelve a poner en riesgo sus «negocios y cientos de puestos de trabajo en plena temporada de verano». Ante las nuevas restricciones, el sector ha lanzado una campaña en redes sociales con el nombre ‘SOS a la Hostelería, Comercio y Turismo de Archena’ en señal de protesta.
