El industrial de la conserva para quien el fiscal solicita cinco años de cárcel por estafar, presuntamente, con el préstamo de 35,5 millones de euros que consiguió de media docena de bancos y que fueron avalados en un total de 28,6 millones por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para reflotar las factorías de Halcón Foods y Conservas Fernández no ha aceptado ningún acuerdo de conformidad.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia que ha de juzgar los hechos convocó ayer a las partes en un intento de conseguir alcanzar un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y la defensa del acusado, Joaquín Navarro Salinas, lo que finalmente no se logró, por lo que la causa irá a juicio, que se desarrollará en las fechas que fije la sala. El acuerdo pasaba por el previo reconocimiento de los hechos por parte del acusado, lo que habría permitido a la fiscalía rebajar su solicitud inicial de condena al aplicarle la atenuante correspondiente.

Las conclusiones provisionales de la acusación estatal, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que gran parte del dinero conseguido lo destinó el acusado, presuntamente, a empresas de su propiedad, como la conservera Cofrusa. De esta manera, añade el ministerio fiscal, se frustraron las expectativas que había generado de reflotar la factoría de Halcón Foods, ubicada en el municipio murciano de Campos del Río, y la de Conservas Fernández, esta última, en Calasparra.

Dicen las conclusiones provisionales que a finales de 2008 el grupo conservero integrado por esas dos empresas pasaba por dificultades económicas, lo que produjo la natural inquietud entre los trabajadores y, también, en las administraciones públicas, por lo que podía suponer de pérdida de centenares de puestos de trabajo si no se solucionaba el problema.

Dentro de las gestiones llevadas a cabo para tratar de evitar su cierre, el acusado, presuntamente, se comprometió a comprarlas y reflotarlas, lo que se llevaría a cabo con el citado préstamo mancomunado, avalado en el ochenta por ciento de su importe por el INFO mediante acuerdo aprobado en junio de 2009.

Según la acusación, del importe que iría destinado a los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), cifrado en cuatro millones, se destinaron realmente a ese capítulo tres millones, y los pagos a proveedores se limitaron a 5,6 millones, cuando la cifra prevista se elevaba a nueve millones, además de derivar casi doce millones a Cofrusa.

La mayor aportación del préstamo mancomunado fue hecha por el Banco Popular Español, que entregó 10,4 millones, lo que representaba casi el treinta por ciento de la operación; la entonces Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) entregó 8,6, el 24,17 por ciento, y la Caja de Ahorros de Murcia, seis millones, el 16,86 por ciento, mientras que las otras entidades de ahorro aportaron cantidades inferiores