El Colegio de Abogados ha tramitado durante los seis primeros meses del año 12.728 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, lo que supone un 71,1 por ciento más que el mismo periodo del año 2020, ha expresado en rueda de prensa la vicedecana del Colegio de Abogados de Murcia, Maravilla Hernández.

En referencia al año 2020, se tramitaron 20.031 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, un 2,8 por ciento menos con respecto al año anterior 2019, al tiempo que descendieron un 13,2 por ciento la prestación de los servicios de guardia de asistencia al detenido, violencia de género, trata y extranjería, pues se atendieron 11.993 personas, frente a las 13.813 del año 2019.

La vicedecana ha destacado que la disminución de esta asistencia jurídica durante dicho año se ha producido a causa del "confinamiento debido a la crisis sanitaria con la consiguiente restricción en la libertad de movimiento".

Asimismo, durante los meses de enero y junio de 2021 han aumentado cerca de un 81 por ciento los servicios de guardia de asistencia al detenido, violencia de género y extranjería, donde se atendieron a 6.282 personas frente a 3.472 del mismo periodo en 2020.

Estas cifras del primer semestre de 2021 se asemejan a las del año 2019, lo que confirma "la recuperación de la demanda de este servicio público que redunda en beneficio de las personas más desfavorecidas" ha destacado la vicedecana.

Por otra parte, en relación a las cifras de violencia de género, en los primeros seis meses del año han aumentado en 1.139 frente a 810 del año anterior, lo que supone un aumento de aproximadamente un 40 por ciento, ha afirmado Hernández.

Hernández ha querido destacar el "éxito" de la puesta en marcha de un sistema de videollamadas de la aplicación de mensajería "Whatsapp", para solicitar la tramitación de justicia gratuita desde el móvil y que, desde su creación, ha atendido a un total de 2.119 solicitudes.

Además, ha querido poner en valor el servicio del Turno de Oficio y el trabajo que prestan los abogados adscritos a él, "pues contribuyen a garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho y la paz social", y reclama una "actualización de los baremos y una profunda reforma legislativa del asistencia jurídica gratuita