El presidente y tres vocales de un tribunal de las oposiciones convocadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS) deberán prestar declaración como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa al haber aceptado la Audiencia Provincial de Murcia el recurso que presentó un aspirante a la plaza que aseguró había sido víctima de una supuesta conspiración.
A través de un auto, el tribunal deja sin efecto la resolución del Juzgado de Instrucción número Tres de Murcia, que, en septiembre del año 2019, acordó la no admisión a trámite de su querella, que fue presentada también por los presuntos delitos de coacciones y trato vejatorio.
La Audiencia Provincial de Murcia califica de «prematura» la decisión del juzgado y añade que hay indicios suficientes en la querella y en la documentación que la acompaña de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, que debe ser investigado, según indica su escrito.
De acuerdo con lo decidido por el tribunal, la magistrada titular del juzgado deberá tomar declaración como investigados a los cuatro querellados, entre los que se encuentra el jefe de servicio de un hospital de Murcia, que actuó como presidente del mencionado tribunal.
En su recurso, el querellante, único aspirante a la plaza que se había convocado, de promoción interna, aseguró que los querellados, supuestamente, se confabularon contra el mismo y decidieron que no había superado la fase de oposición a la que se había presentado.
Ahora, en cumplimiento del auto de la Audiencia Provincial, la magistrada deberá tomar declaración a los cuatro querellados y, además, practicar cualquier otra diligencia que considere pertinente para el esclarecimiento de los hechos.
