La empresa murciana de trabajo temporal Terra Fecundis recurrirá la sentencia de los tribunales franceses, hecha pública este jueves, que la condena a ella y a sus socios porque, según dicen desde la sociedad, los certificados A1 de la Seguridad Social española no son reconocidos en Francia. Desde la empresa aseguran que siguen trabajando con normalidad, pese a que la sentencia inhabilita a Terra Fecundis a volver a desarrollar actividades de trabajo temporal en Francia, ya que el juez ha suspendido la aplicación de la sentencia hasta que esta no sea firme.
Eso, pese a que el fiscal había pedido que se aplicara ya la inhabilitación, una solicitud que ha sido rechazada.
A través de un comunicado enviado por la empresa, los responsables de la sociedad califican este proceso judicial de «golpe de fuerza de Francia» contra las empresas extranjeras que quieran operar en su territorio, para añadir que las autoridades galas no reconocen los certificados A1 de desplazamiento de trabajadores emitidos por la Seguridad Social española y que están amparados por el derecho comunitario.
Sobre la condena, aunque no están conformes con la misma y piensan recurrirla, han destacado que la misma está «muy lejos de la que solicitaba la administración francesa», que pretendía la disolución de la empresa, la imposición de una multa de 115 millones de euros y para los socios fundadores, 21 años de cárcel.
Esas peticiones iniciales se han visto reducidas a la inhabilitación para poder operar en el vecino país, medida que se deja en suspenso hasta que haya sentencia firme, y multa de 500.000 euros, mientras que a los socios se imponen cuatro años de prisión, sin que ello conlleve la privación de libertad, y multa de 100.000 euros.
Terra Fecundis dice que siempre cumplió con la normativa nacional y europea, y que es consciente de que se enfrenta a una batalla legal que será larga, pero de la que está segura que acabará ganando, al tiempo que ha mandado un mensaje de tranquilidad a sus clientes.
Muchas incoherencias
«Un proceso en el que la empresa murciana advierte muchas incoherencias, como que Francia, tan rápida en considerar Terra Fecundis como establecida en su país, ni siquiera consideró útil viajar a España para corroborar sus alegaciones». «Entendemos que será porque habrían comprobado que realmente desarrollamos nuestra actividad en suelo español, que tenemos una estructura real aquí y no una simple fachada para realizar un ‘dumping social’», plantean.
«Otro sinsentido de toda esta situación legal apunta a los servicios franceses de la Seguridad Social, que no consideraron útil -como la ley les obliga- consultar a la Comisión de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social. «Es el único organismo competente para designar al Estado con derecho a evaluar las cotizaciones sociales, pero ni siquiera le han preguntado, todo ello para evitar una opinión desfavorable a Francia», exponen desde Terra Fecundis.
