El volumen de nuevos investigados por contaminar el Mar Menor, unido a lo avanzada que está la tramitación de la causa principal del caso Topillo, ha obligado al titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, a abrir una pieza separada con el objetivo de estudiar los posibles vertidos contaminantes que llevaron a cabo 43 empresas o particulares, la gran mayoría relacionadas con la actividad agrícola en el Campo de Cartagena.
Esta nueva ramificación parte de un atestado reciente del Seprona de la Guardia Civil tras analizar la documentación facilitada por la empresa Hidrotec, investigada por suministrar desaladoras ilegales y encargarse de su instalación y mantenimiento. En dicho atestado, la Benemérita concluye que «hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente», según el auto del juez al que ha tenido acceso esta redacción.
El juez tomará declaración a las 43 personas y entidades jurídicas relacionadas en el atestado (agrícolas, de suministro de maquinaria agrícola o de riego y un campo de golf) y, como en la pieza principal, ha pedido un informe pericial de un ingeniero agrónomo para que determine las necesidades hídricas de cada uno de los agricultores investigados y realice los cálculos que permitan cuantificar la posible utilización de desaladoras ilegales.
Agua del acuífero
La investigación parte de unas diligencias abiertas en 2017 por presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. En ellas se investiga, entre otros comportamientos, la posible realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales, que captarían aguas de los acuíferos del campo de Cartagena contaminada por nitratos con altos niveles de conductividad que la harían inhábil para ser utilizada en el riego.
Estas características del agua obligaría a los agricultores a aplicar procedimientos de desalobración que originarían un rechazo que terminaba en una red de salmueroductos que a su vez vertía en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor o lo retornarían al acuífero. En ambos supuestos se podría poner en peligro el medio ambiente.
El pasado abril el magistrado, tras el análisis del informe pericial emitido por un eco toxicólogo forense, señalaba a 36 empresas agrícolas y empresarios individuales cuyos vertidos eran «susceptible de generar un riesgo sustancial, grave o catastrófico para el medio ambiente». Paralelamente, procedía al sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de los 13 de los 49 investigados «por no resultar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal».
Esta causa principal, en la que ejercen de acusación particular Ecologistas en Acción y Greenpeace, también se sigue contra los que fueran responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2013 y 2017. En total, ya van 79 investigados por la contaminación de la laguna.
La Comunidad y solo la Comunidad tiene las competencias para exigir la reparación del ecosistema lagunar a diez empresas señaladas por contaminar con vertidos de salmuera. La Fiscalía de la Región de Murcia reclama en la demanda que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que este organismo judicial obligue al Gobierno regional a exigir a grandes compañías agrícolas con actividad en el entorno del Mar Menor que paguen por la contaminación que han producido en la laguna mediante vertidos. En la demanda, el Ministerio Fiscal reclama al TSJ que obligue a la Comunidad a que inicie un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra cada una de las empresas y personas físicas investigadas para que «procedan a la reparación de los daños causados, y a la adopción de las medidas de prevención adecuadas» para evitar nuevos vertidos. El Ministerio público considera que la Confederación Hidrográfica del Segura no tiene potestad para abrir dichos procedimientos.
La demanda de la Fiscalía llega tras concluir la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mes de mayo que no tiene competencias para tramitar los expedientes de responsabilidad ambiental contra los responsables de contaminar el Mar Menor y el acuífero del Campo de Cartagena.
El Ministerio Fiscal incoó hace un año un expediente gubernativo en el que requería a la Consejería de Antonio Luengo a que exigiera a diez empresas investigadas en el ‘caso Topillo’ que se hicieran cargo del coste económico de la recuperación de los ecosistemas degradados. «Sorprendentemente se concluye un año después el expediente no asumiendo la competencia para requerir a las empresas», protesta la Fiscalía en su demanda.
