La Comunidad y solo la Comunidad tiene las competencias para exigir la reparación del ecosistema lagunar a diez empresas señaladas por contaminar con vertidos de salmuera. La Fiscalía de la Región de Murcia reclama en la demanda que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que este organismo judicial obligue al Gobierno regional a exigir a grandes compañías agrícolas con actividad en el entorno del Mar Menor que paguen la contaminación que han producido en la laguna mediante vertidos. En la demanda, el Ministerio Fiscal reclama al TSJ que obligue a la Comunidad a que inicie un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental contra cada una de las empresas y personas físicas investigadas para que "procedan a la reparación de los daños causados, y a la adopción de las medidas de prevención adecuadas" para evitar nuevos vertidos.
La demanda de la Fiscalía llega tras concluir la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mes de mayo que no tiene competencias para tramitar los expedientes de responsabilidad ambiental contra los responsables de contaminar el Mar Menor y el acuífero del Campo de Cartagena. Esta respuesta de la Comunidad incendió los ánimos en la Fiscalía, ya que el Ministerio público entendía que la responsabilidad para perseguir a estas diez empresas investigadas en el 'caso Topillo' no recaían sobre la CHS sino sobre el Ejecutivo autónomo. Las empresas señaladas venían operando con actuaciones contaminantes para la laguna desde 2012, constata la Fiscalía, ya que desde entonces mantenían operativas varias desaladoras ilegales con rechazo de salmuera con nitratos a través de salmuereductos que iban dirigidos a las ramblas que desembocaban en el Mar Menor.
El Ministerio Fiscal incoó hace un año un expediente gubernativo en el que requería a la Consejería de Antonio Luengo a que exigiera a diez empresas investigadas en el 'caso Topillo' que se hicieran cargo del coste económico de la recuperación de los ecosistemas degradados. "Sorprendentemente se concluye un año después el expediente no asumiendo la competencia para requerir a las empresas", protesta la Fiscalía en su demanda.
En el escrito de respuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura, el organismo de cuenca recuerda a su vez a la Fiscalía que las medidas cautelares aprobadas por la Junta de Gobierno de la CHS el pasado año tras declarar el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico son también competencia autonómica y, hasta ahora, no hay "constancia de que la administración autonómica las haya incorporado a sus planes de control relacionados con las buenas prácticas agrarias".
