Carbofurano. Este pesticida de alta toxicidad prohibido en la Unión Europea en 2007 ha estado en boca de todos en los últimos días tras producirse uno de los mayores atentados contra la fauna en los últimos años en España. La muerte de 54 buitres leonados, un buitre negro y un milano negro en Monterrubio de la Armuña (Salamanca), además de otro medio centenar de animales que se hallaron vivos pero agonizando, ha originado unos de los mayores operativos policiales para encontrar al culpable y, entre medias, la labor del Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia está siendo fundamental.
El catedrático Antonio Juan García Fernández coge una llamada mientras explica el aparato principal que analiza las muestras en su laboratorio de Toxicología del campus de Espinardo. Es la Guardia Civil, una consulta sobre un caso de envenenamiento de un perro que están investigando. En el laboratorio de al lado, dos grandes cajas con el precinto de la Benemérita están sobre la mesa. En ellas se encuentran las pruebas recogidas en Salamanca y que han ayudado a determinar qué ha matado a los buitres, un primer paso para localizar al responsable. García admite que después de tantos años en la profesión ha desarrollado un olfato especial que detecta el tipo de veneno nada más abrir el frasco de pruebas.
Este catedrático de la Facultad de Veterinaria comenzó con el Servicio de Toxicología en 1992 y de forma oficial a partir de 1997 para «dar respuesta a las necesidades que hasta ahora siguen dándose» ante decenas y decenas de casos de envenenamientos de fauna silvestre y mascotas que ocurren cada año. «En muchas ocasiones los laboratorios del Seprona de la Guardia Civil están colapsados y para casos concretos nos llaman e intervenimos».
Por un lado, García dirige el grupo de investigación centrado en el estudio de contaminantes ambientales y sus efectos a largo plazo en las poblaciones humanas y la fauna, con el foco puesto en la exposición a compuestos químicos «que no nos matan pero sí puede ocasionar una alteración a nivel orgánico o en la calidad de vida con el tiempo»; y por otro, un servicio de toxicología que es puntero en España y Europa.
Tras el nacimiento de este departamento, cuatro centros más abrieron en España y entre ellos se coordinan como una red donde se reparten los casos de envenenamiento de fauna silvestre por comunidades: en la UMU se atienden los casos de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León, de ahí que hayan determinado que la muerte de buitres en Salamanca sea por carbofurano.
De media, este servicio atiende al año unos 200 casos, donde el 85% son por envenenamiento y entre 3 o 5 acaban judicializados si no se ha llegado a un acuerdo previo entre las partes. «Son muy pocos, cuesta mucho pillar a un culpable, o al menos demostrar que esa persona es el responsable». El pasado año solo atendieron un centenar de casos pero es que hasta lo que llevamos de 2021, el Servicio de Toxicología ha atendido 173 casos: «Ha habido un pico de envenenamientos ahora por una mayor movilidad de la población, y siempre existen estos picos a lo largo del año cuando se dan estas características, también por vedas de caza».
Pistas junto al cadáver
No solo analizan en el laboratorio, las funciones que llevan a cabo tanto García como Isabel Navas como jefa del servicio e Irene Valverde como analista es más complejo. El trabajo forense consiste en ayudar a la Guardia Civil y las comunidades a saber el producto que se ha utilizado, cómo se ha llegado a él, cómo se ha usado, dar pistas del momento de la muerte del animal: «Si hay insectos muertos alrededor del cadáver, se ha empleado un insecticida; si hay caracoles, un molusquicida; si la hierba está seca, un herbicida o si hay tierra removida en torno a las patas, es que el animal ha convulsionado antes de morir. Son indicios muy importantes en el lugar del crimen».
Desde que en España es delito envenenar animales (el código penal lo reflejó en 1995) , Antonio Juan García cifra en 116 las condenas a personas por este hecho en 26 años, «muy pocas para la enorme cantidad de casos que se producen al año». El informe 2020 de la organización SEO/BirdLife sobre venenos en España señala que desde 1992 hasta 2017 en la Región de Murcia se han dado 200 casos de envenenamientos en el medio natural que afectaron a 962 animales al emplear 111 cebos. El mismo documento recuerda que el Gobierno regional todavía no ha aprobado un plan de acción contra el veneno en fauna silvestre. En 2019 se sometió a información pública el ‘Decreto por el que se regula el plan de acción para la prevención y erradicación del uso ilegal de venenos en el medio natural de la Región de Murcia’, pero no salió adelante.
El ‘caso Paredes’ de 1997, por el que se condenó al empresario ilicitano José Paredes (recientemente fallecido) a un año de cárcel por el envenenamiento de aves rapaces en una finca de Sucina, en Murcia, fue el pistoletazo de salida a nivel judicial en España en la lucha contra el asesinato de animales con veneno. El Servicio de Toxicología y Veterinaria Forense se encargó entonces del informe pericial y hasta ahora ha logrado siempre una sentencia condenatoria en todos los casos que han llevado a juicio.
El peligro de los venenos legales para la cadena trófica
En una estantería del despacho del catedrático Antonio Juan García hay varios frascos con pesticidas intervenidos en redadas de la Guardia Civil. En ellos se guardan granos de carbofurano o aldicarb, un producto fitosanitario prohibido en Europa de forma definitiva en 2007 y que a día de hoy es el veneno que más se utiliza para matar fauna por su venta en el circuito ilegal. Un caso sonado en la Región de Murcia fue la operación policial ‘Tietar’ a finales de 2019 que se saldó con cinco detenidos por emplear cebos envenenados en el parque regional Sierra de la Pila.
García explica que los biocidas son necesarios para controlar poblaciones de especies en entornos rurales o de actividades agrarias o ganaderas, pero una falta de control sobre estos venenos legales están planteando ya un problema a medio o largo plazo para la cadena trófica.
Los rodenticidas anticoagulantes son un ejemplo de cómo en el control de ratas se acaba ocasionando un daño a otros animales. «Hemos encontrado residuos de este compuesto en prácticamente toda la fauna (zorros, garduñas, jinetas, búhos, lechuzas) por la depredación de ratones que previamente habían consumido este anticoagulante».
Las intoxicaciones accidentales por el empleo de fármacos como el diclofenaco (antiinflamatorio veterinario) en ganadería también es un problema, por ejemplo, para las aves carroñeras como los buitres.
