El Ministerio para la Transición Ecológica no da su brazo a torcer y vuelve a plantarse delante de los regantes sin intención de modificar o negociar los caudales ecológicos del Tajo. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura volvió ayer a reunirse con la ministra Teresa Ribera y su equipo como gesto del Gobierno central para intentar calmar los ánimos pero el discurso sigue en la misma línea: las consecuencias del cambio climático sobre el Tajo obligan a desembalsar más agua de los embalses de cabecera para aumentar los caudales ecológicos.
Los regantes han salido «preocupadísimos» de la reunión con la ministra porque el Ministerio no les ha dejado entever «ninguna mejora o avance» en la intención de reducir los caudales ecológicos planteados en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. A cambio, la ministra ha buscado una contraprestación con el fin de contentar a los regantes: más de 1.600 millones de euros en el entorno de las cuencas cedentes y receptoras del trasvase Tajo-Segura para modernización de regadíos, ampliación de las desaladoras y la interconexión de las plantas.
Los regantes han salido convencidos de que el Ministerio no va a negociar los caudales del Tajo y por delante quedan seis meses de información pública en la que, por ejemplo, los socialistas murcianos y valencianos quieren convencer a Ribera de mantener fijo en siete metros cúbicos por segundo (en 2027 el caudal por Aranjuez se elevará a 8,6 m3/s) .
La segunda reunión con la ministra Ribera ha servido para poco aunque ha prometido comenzar pronto con las reuniones técnicas que deberían fijar fechas de finalización de obras en el tema de la desalación. Transición Ecológica vuelve a remarca que «se está trabajando para ampliar la capacidad de las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, hasta un volumen de 70 hm3 adicionales, modificar el esquema energético utilizando energías renovables como la fotovoltaica, lo que supone reducir los costes energéticos de manera apreciable e interconectar las desaladoras para poder llevar el agua desalada a todos los regadíos del Trasvase a un precio asumible por los usuarios».
Lucas Jiménez, presidente del Scrats, cree que si las obras de ampliación e interconexión de las desaladoras depende de fondos europeos, el ministerio deberá fijar unas fechas de obligado cumplimiento y ha mencionado el horizonte de 2026 como posible año de finalización.
Pese a esto, los regantes han anunciado nuevas movilizaciones de cara al verano pero respetando la actividad comercial y turística en la zona del Levante para que sus protestas no intercedan en la recuperación económica. Lo que sí tienen más claro es que el próximo mes de octubre volverán a convocar una manifestación en Madrid.
El Ministerio, a través de un comunicado, definió el Travase como «una infraestructura esencial en España para atender los usos de abastecimiento y regadío en las cuencas receptoras».
