El Tribunal Superior de Justicia de la Región no ha accedido a la suspensión del decreto del Consejo de Gobierno por el que se crea el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Comunidad, tal y como pretendía la asociación Libertas Sui Iuris, que aseguraba que la existencia de este organismo «viola los derechos fundamentales».
Afirma la Sala del TSJ en su sentencia que no basta con alegar daños o perjuicios, sino que «es necesario acreditarlos aunque sea de forma indiciaria». Añade también que la argumentación de Libertas «resulta genérica», haciendo una «proyección de todos los vicios de inconstitucionalidad y vulneración de derechos fundamentales» que serían, en todo caso, achacables a la Ley de Igualdad, no al decreto para la creación del Observatorio, que es el objeto del recurso.
En la misma línea, la administración regional defendió que es «incomprensible» que este decreto pueda producir perjuicios y violaciones de derechos fundamentales, ya que se trata de una norma habilitadora para la articulación del Observatorio LGTBI que emana de la Ley de Igualdad de 2016, «que ya lleva cinco años en el ordenamiento jurídico».
El TSJ de Murcia concluye afirmando de manera categórica que «la existencia en sí del Observatorio no vulnera ningún derecho», por lo que «no se puede acceder a la suspensión solicitada».
En un informe de la Secretaría General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Social al que ha tenido acceso LA OPINIÓN se destaca que el Observatorio no tiene competencias decisorias, «sus informes no son vinculantes para ningún otro órgano administrativo». Y ante la críticas de «sesgo ideológico» sobre este organismo, desde la Consejería responden que «el sesgo ideológico queda claro, pero no en el Observatorio, sino en la demandante».
Viejos conocidos
No es la primera vez que Libertas Sui Iuris, una asociación que «surge ante la progresiva implantación de las mal llamadas leyes de igualdad», según se definen ellos mismos, judicializa decisiones tomadas por la administración de cara a visibilizar el colectivo LGTBI. El juzgado de Totana sobreseyó en 2019 la denuncia contra el alcalde del municipio y una edil por pintar las líneas de un paso de cebra con los colores de la bandera arcoíris.
También organizaron una polémica concentración en mayo del año pasado en Murcia, donde una niña leyó un manifiesto sobre «adoctrinamiento comunista» y al que asistieron una veintena de personas, entre ellas varios políticos de Vox, para protestar por la gestión de la crisis del coronavirus llevada a cabo por el Gobierno.
