La negociación para parar el cierre patronal del sector del transporte escolar en la comunidad murciana no ha avanzado este miércoles tras las dos horas y media de reunión entre los empresarios y el Gobierno autonómico, que según ellos "se enroca", por lo que estudian nuevas movilizaciones en asamblea esta tarde.
En un comunicado, la patronal lo acusa de dejarlos "desnudos" para optar al convenio marco frente a las regiones que han recibido ayudas por el coronavirus con una posición "insensible y cerril" que imposibilita un acuerdo entre las partes.
Uno de los puntos de fricción son las indemnizaciones reclamadas por la patronal para las empresas de autobuses afectadas por el cierre de los colegios durante el estado de alarma por coronavirus y las ayudas por esa crisis a las compañías de transporte discrecional (autocares turísticos), que no se cuentan entre las beneficiarias, cuando se consideran parte de este último sector.
Además, el sector había negociado el verano pasado un compromiso para prorrogar los contratos de transporte escolar tres años, aunque podría hacerlo hasta 2027, según sus cláusulas, como una forma de mitigar las pérdidas por la covid, pero ahora se ha publicado un convenio marco que modifica sus condiciones, cuando el plazo para la prórroga acaba el próximo 30 de junio.
El nuevo convenio plantea un precio de salida de media un 30 % inferior al actual, con nueve años de antigüedad, cuando el servicio se ha encarecido por el alza del precio de los carburantes y los nuevos requerimientos medioambientales y de seguridad.
Los sueldos de los monitores bajan de 47 a 28 euros al día y no computa las horas que los chóferes tardan en recorrer el trayecto entre las cocheras y la primera y última parada de la ruta escolar.
Al haberse otorgado ayudas para transporte escolar y turístico en comunidades vecinas como la valenciana y la andaluza, la patronal teme también la competencia desde esos territorios, que parten en mejores condiciones para remontar la crisis con respecto a lo que califica de "ruina" a la que se enfrentan en Murcia, con impagos arrastrados de las indemnizaciones gubernamentales desde septiembre de 2020.
