La Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca ya ha diagnosticado a más de 25 menores de edad que sufren secuelas como consecuencia de que sus madres se medicaron durante el embarazo con el fármaco Depakine.
Este medicamento, cuyo principio activo es el valproato de sodio, está indicado para el tratamiento de la epilepsia y el trastorno bipolar y aunque se comercializa desde la década de 1980, no fue hasta 2015 cuando la farmacéutica advirtió de las contraindicaciones en el embarazo, «pese a que existían estudios que confirmaban la relación con malformaciones en los niños», recuerda el abogado de las familias afectadas, Ignacio Martínez.
Fue entre los años 2018 y 2019 cuando comenzaron a conocerse los primeros casos de menores afectados por este fármaco, quienes están siendo diagnosticados en la Arrixaca gracias a que este centro hospitalario cuenta con una unidad de referencia internacional para tóxicos en el embarazo en la que se estudia de forma detallada las causas externas que pueden afectar a la salud de los más pequeños y hasta ella llegan menores de todas las comunidades autónomas.
Al frente de esta unidad se encuentra el doctor Juan Antonio Ortega, quien explica a LA OPINIÓN que el último de los casos se ha diagnosticado esta misma semana. «Normalmente son niños de entre 8 y 10 años, aunque otros pueden llegar a tener hasta 20, ya que el consumo de este medicamento comenzó hace décadas», apunta.
En muchos casos los afectados han tenido que esperar varios años para ser diagnosticados, ya que han pasado por multitud de especialistas en Neurología, Genética... sin que ellos tuvieran en cuenta que la causa de sus problemas estaba en el fármaco que tomaron sus madres mientras estaban embarazadas.
Así, más del 40 por ciento de estos menores tienen retraso o alteraciones del neurodesarrollo, así como problemas cognitivos, presentándose también algunos casos de malformaciones menores y mayores.
El doctor Ortega hace hincapié en que «en los últimos años los sistemas de alerta farmacológica han cambiado mucho y hay más información de la que había hace décadas».
Antes de que se produjera la alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre el Depakine en febrero de 2018, en el Hospital Virgen de la Arrixaca ya se habían detectado cuatro casos de niños con secuelas por haber consumido sus madres durante el embarazo el valproato de sodio.
En el momento de la alerta, medio millar de murcianas en edad fértil estaban tomando este medicamento, por lo que tras el aviso de la AEMPS, el Servicio Murciano de Salud (SMS) avisó a todos los médicos de los hospitales y centros de salud de las nueve áreas de la Región de que este fármaco está contraindicado para mujeres gestantes por sus efectos secundarios en el feto, que puede sufrir retraso mental, autismo o problemas motores.
En menos de 24 horas se alertó a través de los sistemas informáticos OMI y Selene y se enviaron comunicaciones vía fax a todos los jefes de servicio y coordinadores de centros de salud para comunicar la situación de alerta de esa medicación, según la Consejería de Salud murciana.
Aunque, pese a las evidencias científicas y las alertas que se habían producido en otros países, este medicamento se ha venido dispensando en España desde hace 40 años sin ningún tipo de restricción.
La derivación de algunos pacientes a la unidad de referencia de la Arrixaca se ha realizado a través del sistema SIFCO (Sistema de Información del Fondo de Cohesión), utilizado para las atenciones de pacientes entre distintas autonomías y con el que se les garantiza que serán atendidos en los servicio o unidades de referencia que han sido acreditados por el propio Ministerio de Sanidad por su calidad y nivel de especialización.
5 millones de indemnización
Tras el escándalo del Depakine, varias familias afectadas han puesto sus casos en manos del abogado murciano Ignacio Martínez, quienes han demandado a la farmacéutica Sanofi por graves secuelas debido al consumo de este medicamento, compañía a la que acusan de «déficit de información» en este antiepiléptico comercializado por la compañía.
En esta primera demanda civil los afectados reclaman una indemnización de cinco millones de euros.
Según el letrado, en estos dos años se han incorporado nuevos afectados a la denuncia, que se encuentra en la mitad del procedimiento y cuyo juicio se espera para el próximo otoño.
Ignacio Martínez detalla que la identificación de los afectados en este caso es más fácil en el de la talidomida, ya que las malformaciones connatales son compatibles con un fenotipo característico denominado síndrome fetal por valproato. Éste se caracteriza por dismorfia facial, anomalías congénitas, retraso en el desarrollo, especialmente en el lenguaje y en la comunicación y diversos trastornos del espectro autista.
