El ministro de Pesca, Luis Planas, declaró ayer en el Pleno del Senado que el Gobierno «trabaja para preservar la continuidad de la actividad pesquera» en el Mediterráneo, en colaboración con la comunidad científica y con las comunidades autónomas. Planas respondió así a una pregunta de la senadora del PP Amaya Landín sobre el plan para la recuperación del Mediterráneo, que reduce los días de faena de la flota y que provocó, el pasado viernes, un paro general de armadores, cofradías y lonjas de su litoral.
El ministro pidió el apoyo del PP para conseguir iniciativas, como la actualización de los datos científicos, de cara a las negociaciones sobre este plan en Bruselas el próximo noviembre, para conseguir que la Comisión Europea (CE) se plantee una revisión y los pescadores continúen su actividad. A su juicio, la normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, ha supuesto un «profundo cambio» y añadió que, «entendiendo perfectamente la preocupación del sector», el Ejecutivo trabaja con él, con los científicos y con las comunidades autónomas par dar respuesta a su aplicación. Añadió que la norma es parte de un compromiso comunitario que fue respaldado por las instituciones de la Unión Europea (UE) y por todos los partidos políticos, incluyendo el PP.
La senadora criticó que el plan afecta directamente a la pesca demersal (especies de fondo) y a arrastreros, porque asigna a estos barcos «150 días» de trabajo en el mar, cuando el «umbral mínimo» para que sea rentable, en su opinión, sería de 190 días. Landín ha citado la preocupación de familias de localidades como Águilas (Murcia), Benicarló (Castellón) o Motril (Granada) por el futuro de su medio de vida y por el cierre de empresas vinculadas al sector, mientras que la legislación «criminaliza» a los pescadores.
