La reforma del Estatuto de Autonomía de la Región aterrizó ayer en el Congreso para comenzar su tramitación. Todos los partidos políticos dieron luz verde al nuevo texto, salvo Vox. Pero esta no fue la única ruptura del consenso que consiguió la reforma en 2019.

Los grupos parlamentarios de Cs y Vox en la Asamblea Regional, controlados por los diputados expulsados de dichos partidos, dan por sentado que el PSOE va a enmendar varios puntos del articulado, «rompiendo» así el acuerdo alcanzado por todos los grupos del parlamento murciano.

Se refieren a una posible modificación que ya adelantó a LA OPINIÓN el socialista Alfonso Martínez Baños a principios de mayo por la cual, cuando un diputado sea expulsado de su formación, pase a ser no adscrito directamente, abandonando el grupo parlamentario. De esta manera, no se volverían a producir situaciones como las vividas esta legislatura con los grupos de Cs y Vox, que escapan al control de sus propios partidos, ya que son mayoría los parlamentarios tránsfugas.

No obstante, desde el propio Partido Socialista defienden que su intención es que el texto aprobado finalmente sea «lo más parecido posible» al que salió de la Asamblea Regional.

Ajena a la polémica, la delegación de la cámara autonómica desplazada a Madrid ayer —formada por el portavoz del Grupo Socialista, Diego Conesa; el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado; y la portavoz del Grupo Mixto, María Marín— pidió el respaldo del Congreso a un Estatuto «de consenso y futuro».

Conesa afirmó que se trata de un texto de «progreso» para la Región de Murcia» y «para los próximos 30 años». Citó, como ejemplo, el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el derecho de las personas con discapacidad, el derecho a la protección integral de la violencia de género o el derecho a la orientación sexual, entre otros.

Segado, por su parte, subrayó que el texto «blinda, como derecho, el agua que necesitamos, garantizando y estableciendo como fundamental el trasvase Tajo-Segura». También recordó que esta reforma reclama «la financiación que, por justicia» le corresponde a la Región. Asimismo, deseó que el «consenso ejemplar» no se vea «empañado» durante la tramitación en la Cámara, «desvirtuando el espíritu de esta reforma».

Marín defendió el Estatuto al ser «más social, más feminista, más ecologista y más respetuoso con la diversidad sexual y con los derechos LGTBI». No obstante, reconoció que aún existe «margen de mejora». Así, lamentó que «no es el Estatuto que le gustaría», ya que «no reconoce la singularidad histórica de una ciudad milenaria como Cartagena», y apuntó a una «falta de defensa del Mar Menor».

Vox fue el único partido que se opuso a la tramitación de la reforma. El diputado Joaquín Robles clamó que se ha elaborado un estatuto «que no es más que un lavado superficial de una institución ineficiente, cara y salpicada de casos de corrupción, cuya existencia pretenden justificar calcando en su preámbulo las sandeces regionalistas o separatistas de otras comunidades autónomas».