La Agencia de Protección de Datos ve «indicios» de que la Consejería de Salud pudo vulnerar los derechos de los 52.000 murcianos que aparecían en los listados de vacunados que permitió consultar a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional el mes de febrero. El organismo encargado de velar por la privacidad de los datos personales ha admitido a trámite la demanda presentada por el sindicato CSIF a raíz de la autorización de la Consejería que facilitó a cinco parlamentarios regionales las listas de los murcianos que habían sido vacunados hasta entonces.

Salud respondió así a las exigencias del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que reclamaban al Ejecutivo regional la relación de altos cargos de Salud que se vacunaron antes de que les tocara. En vez de facilitar los nombres de los directores generales requeridos, el Departamento de Juan José Pedreño puso a disposición de los parlamentarios regionales durante varias horas el listado de los 52.000 ciudadanos de la Región que habían recibido la vacuna hasta entonces, lo que dio lugar a una demanda de CSIF ante Protección de Datos. Pocos días después fueron cesados los directores generales del equipo del anterior consejero, Manuel Villegas.

La entidad ha comunicado ahora al sindicato que «a tenor de la información preliminar de la que se dispone, se aprecian indicios racionales de una posible vulneración de las normas en el ámbito de las competencias de la Agencia de Protección de Datos, sin perjuicio de lo que se determine en el curso de la tramitación».

Añade que le trasladó a la Consejería la reclamación de CSIF, pero no ha contestado. Ahora le notifica la admisión a trámite por si quiere presentar alegaciones.

El sindicato denunciaba que en los listados consultados por los parlamentarios regionales aparecían datos de los funcionarios «que se habían vacunado a petición de la propia Comunidad Autónoma y no por iniciativa propia».

El presidente de CSIF, Juan Miguel Blanco, señalaba en su denuncia que «la Consejería se ha extralimitado en su actuación, dando acceso a datos personales y sensibles de salud de sus empleados públicos sin consentimiento previo de los mismos». Además, aportaba un informe encargado por la Consejería de Salud al delegado de Protección de Datos de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Transparencia, que planteaba la necesidad de solicitar la autorización de los afectados o de procesar los datos de forma que se diera la información referida a distintos colectivos sin incluir los nombres.