La sustitución del caudal del trasvase Tajo-Segura por agua desalada no solo tendrá consecuencias económicas y sociales derivadas del aumento del coste del agua del 20%, que en años de sequía podría alcanzar hasta el 130%, sino también medioambientales, como riesgo de desertificación o sobreexplotación de acuíferos, entre otras.
Así se expone en un estudio de las Cámaras de Comercio de Alicante, Murcia, Cartagena, Almería, Lorca y Orihuela sobre el trasvase Tajo-Segura y las necesidades hídricas de las provincias del sureste de España. El documento asegura que la desalación de agua de mar «no constituye una alternativa al trasvase Tajo-Segura» e incide en que«puede ser un complemento de sus recursos, pero nunca una verdadera alternativa que permita su sustitución». Según el informe, «la solución a la disponibilidad de recursos hídricos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería debe basarse en la combinación de estrategias: desalación, reutilización de aguas residuales y aportes exógenos en forma de trasvases (respetando siempre las demandas de la cuenca cedente, incluidas las medioambientales, que son siempre prioritarias».
El documento será difundido a los ministerios afectados del Ejecutivo central, los gobiernos de las comunidades y la Comisión Europea. En él se indica que «la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, junto con el incremento de los caudales ecológicos previsto en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, ha provocado una gran preocupación entre los agricultores y otros usuarios del agua del trasvase».
El estudio señala que «el aumento de los caudales ecológicos del Tajo hasta los niveles propuestos se considera inasumible, ya que la capacidad de desalación prevista en la planificación actual no es suficiente para compensar las pérdidas de volúmenes superiores a un incremento de 1 m³ por segundo».
Siete detenidos por adjudicaciones irregulares en contratos de la CHS
La Policía Nacional ha detenido a siete personas e investigado a otras dos como presuntas autores de los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, al integrar, al parecer, un entramado dedicado a adjudicar y beneficiarse de la adjudicación irregular de contratos menores vinculados con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
La UDEF detectó contratos irregulares de hasta en cinco mercantiles diferentes que superaban los dos millones de euros. Los técnicos y jefes de servicios proponían siempre a los mismos empresarios para la ejecución de las obras.
