«Querría empezar esta intervención pidiendo disculpas». Así comenzó su comparecencia ayer el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ya que llegaba a la Asamblea con su quinto decreto, este de reactivación económica y social tras el impacto del covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras, que además, iba acompañado de una modificación del mismo por ciertos «errores producto del ritmo frenético que llevamos tras esta pandemia».  

Para el socialista Pedro López, sin embargo, en este decreto ley se contempla la modificación de leyes como la de Puertos o la de Ordenación del Territorio y, por lo tanto, no responde a una «extraordinaria necesidad», como requieren los decretos. Por esto motivo el PSOE anunció que va a «plantear un recurso al Tribunal Constitucional».

A la espera de su posible judicialización, el decreto convalidado ayer tiene como objetivo facilitar la tramitación urgente («menos de un mes») de los proyectos financiados con los fondos Next Generation de la UE y relanzar la economía, explicó el consejero. 

El decreto, que se ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y los tránsfugas de Cs y el voto en contra de PSOE, Podemos y Cs, incluye una serie de medidas para impulsar la economía en distintos campos, como el hogar, como la que trata de «garantizar el acceso a viviendas sociales para familias que viven en una situación extrema», en palabras de Díez de Revenga. También sienta «las bases para la modificación contractual» del aeropuerto de Corvera, al tiempo que se pretende otorgar a las cofradías de pescadores el control de los varaderos y «dar una solución definitiva a los expedientes de reconstrucción» de viviendas afectadas por los terremotos de Lorca.

También se opuso Podemos, que considera que los «decretazos» del Gobierno regional no tienen nada que ver con la pademia y sí con el urbanismo para «implantar la ley de la selva del ladrillo». Previamente, Díez de Revenga había explicado que quiere «poner en valor algunas bolsas de suelo que están ociosas en la Región» porque no se puede «permitir que los excesivos trámites burocráticos frenen el crecimiento económico».

Las armas particulares no son competencia de los alcaldes

La Asamblea Regional convalidó ayer otro decreto ley por el cual se modifica la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad, ya que las referencias a que los alcaldes puedan autorizar la obtención y retirada del arma de fuego particular de los agentes es inconstitucional y el Ministerio del Interior instó a modificarla.

Estas referencias se encontraban en el artículo 21 de dicha ley, en concreto, en los apartados 4, 7 y 8, que fueron modificados, y en el 12, que fue suprimido directamente. La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, que tiene las competencias temporalmente de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, explicó que la «discrepancia competencial» hacía «necesaria y urgente» la aprobación del decreto, ya que «los alcaldes no pueden autorizar ni retirar el arma particular de los policías locales». Esta competencia corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil, a quien delegó el Estado la responsabilidad.

Todos los grupos votaron a favor del decreto, aunque el PSOE, a través del diputado Fernando Moreno, tachó la medida de «decretardazo» porque llega con seis meses de retraso.