Salud revisará el convenio para abortar en clínicas privadas

El jefe de Medicina Materno Fetal del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, el doctor Juan Luis Delgado, reconoció al presentador, el periodista Gonzo, que ningún hospital del Servicio Murciano de Salud (SMS) realiza abortos y el acompañamiento a las madres se detiene en el momento en el que deciden que quieren someterse a esta intervención.

Además, el facultativo, que se denomina a sí mismo «ginecólogo cristiano», apuntó que su departamento se ha declarado objetor de conciencia y admitió que derivar las interrupciones de embarazo a otras ciudades de España es una práctica habitual en el sistema sanitario murciano. Esto suscitó un gran revuelo mediático y en redes sociales que se trasladó ayer a la rueda de prensa del Comité Covid, donde el consejero de Salud, Juan José Pedreño, se pronunció sobre el tema a preguntas de los periodistas.

Sobre los protocolos que se siguen en los centros privados con los que el SMS tiene concertada la prestación de las interrupciones voluntarias del embarazo, Pedreño anunció ayer que «ahora mismo se están revisando estos acuerdos» y recordó que «en la Región de Murcia existe un programa de interrupción voluntaria del embarazo con un circuito en Atención Primaria y derivación a las clínicas». El titular de Salud dijo estar dispuesto «a seguir avanzando en la mejora de la atención a estas mujeres», por lo que ya están trabajando en un nuevo proyecto para llevar a cabo los abortos en la Comunidad. No obstante, el responsable del área sanitaria no aclaró si esto supondría que el Hospital Virgen de la Arrixaca asumiera aquellos casos o supuestos en los que existe riesgo para la vida de la madre.

Piden que la Fiscalía investigue

Estas declaraciones del consejero se produjeron después de que la asociación Defensor del Paciente solicitase al Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, que investigue si es cierto que el Gobierno regional envía a mujeres embarazadas que desean abortar a otras comunidades autónomas. En el escrito enviado a la fiscalía, la asociación recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada por las Cortes , por lo que los poderes públicos están obligados a garantizar su cumplimiento, y añade que es preciso exigir el cumplimiento de esa normativa en vigor, «sin trabas ni excusas».

Podemos exige que los hospitales públicos asuman los casos

La portavoz de Podemos, María Marín, presentó ayer una moción en la Asamblea Regional para «la supresión inmediata de la derivación de quienes solicitan una interrupción voluntaria del embarazo a centros privados, un programa de formación obligatoria para el personal y la elaboración de un protocolo de atención integral, que incluya el acompañamiento y la atención psicológica especializada». Marín consideró que constituye «maltrato institucional contra las mujeres» que los hospitales públicos no practiquen abortos y que las afectadas «se vean obligadas a hacerlo a cientos de kilómetros de su hogar, solas y sin ningún tipo de asistencia psicológica, incluso en los casos de graves malformaciones del feto o en los que corre un grave riesgo la salud de la gestante». Insistió en la necesidad de que se elabore un registro de los facultativos del SMS que se declaran objetores de conciencia y recordó que «la obligación es contar con los profesionales necesarios para ofrecer esta prestación, al margen de los casos puntuales de objeción».

Por su parte, la diputada regional socialista, Lara Hernández, denunció que el Gobierno del Partido Popular «abandona a su suerte a las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo por criterios médicos» y exigió la «comparecencia urgente» del consejero de Salud en la Asamblea para que explique «por qué no se llevan a cabo estas interrupciones del embarazo en la Región» y aclare «el número de mujeres a las que han negado este derecho».