Unos 35.000 autónomos y empresarios de la Región podrían obtener las ayudas por importe de 142 millones para paliar las pérdidas causadas por la pandemia que el Gobierno central ha asignado a la Región y que serán tramitadas por la Comunidad Autónoma. La Administración regional ha sumado 36 sectores a las 95 actividades beneficiarias establecidas por el Estado, entre las cuales se encuentran la fabricación de calzado, mantenimiento y reparación de vehículos, fabricación de pan y pastelería, extracción de piedra ornamental y peluquería. En total serán 131 las ramas que podrán optar a las ayudas.
La consejera de Empresa, Valle Miguélez, que ha presentado la convocatoria de ayudas junto con el consejero de Economía y Hacienda, Javier Celdrán, y el presidente de la Croem, José María Albarracín, explicó que las ayudas no serán concedidas por orden de presentación, sino atendiendo al importe de las pérdidas registradas por los solicitantes.
De los 35.000 potenciales beneficiarios que ha calculado la Consejería, unos 20.000 serán autónomos y 15.000, empresarios.
Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 3.000 euros para autónomos por estimación objetiva y para el resto, según se establece en la convocatoria, no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
La Consejería de Empresa prevé publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región (BORM) del próximo 5 de junio y abrir el plazo de presentación de solicitudes a partir del 7. Los solicitantes dispondrán 21 días naturales para presentarlas y, al ser "por orden de concurrencia competitiva, se valorarán de igual forma desde el inicio hasta el fin de plazo".
La Comunidad dispone de 142.522.901 euros, que serán gestionados por el Instituto de Fomento (INFO), para repartir entre las empresas y autónomos que hayan sufrido pérdidas en su facturación superiores al 30% el pasado año, siempre que no tuvieran números rojos en 2019 ni tengan deudas pendientes con la Administración.
Para definir estos sectores la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ha contado con la colaboración la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas, que ha realizado un informe con el fin de seleccionar aquellas actividades que podrán recibir ayudas con cargo a este programa de solvencia empresarial.
Valle Miguélez destacó que “para identificar los sectores posibles beneficiarios de estas ayudas, ante la negativa del Gobierno central de facilitar a priori la información económica de los diferentes sectores que hubiese permitido hacer un diseño óptimo de la convocatoria, se ha tenido en cuenta para cada una de las actividades económicas la caída relativa y contribución de la afiliación; el peso total de la afiliación; el mayor peso de trabajadores en ERTE sobre afiliados de cada actividad, y el mayor peso de los trabajadores en ERTE de cada actividad sobre el total regional de trabajadores en dicha situación”.
Las ayudas podrán destinarse al pago de deudas pendientes de las empresas y autónomos con proveedores y acreedores, tanto financieros como no financieros, contemplando entre estos últimos el pago de nóminas pendientes de pago a los trabajadores.
La consejera criticó el procedimiento "engorroso" que se ha establecido para la tramitación de las ayudas y Celdrán advirtió de que las comunidades que han empezado a aplicarlo, como la de Madrid, “están encontrando enormes dificultades por la falta de agilidad de la Agencia Tributaria Estatal a la hora de facilitar información, por lo que la gran mayoría ya están advirtiendo de que no podrán empezar a dar las ayudas antes de septiembre”.
“Las comunidades autónomas ya lo dijimos desde el primer momento, y ahora lo dicen también entidades como la Airef, Funcas o el Banco de España: es un plan que llega un año tarde, que es totalmente insuficiente, que no cuenta con las comunidades pero les traslada la responsabilidad y con un diseño confuso y opaco que dificulta enormemente su aplicación. A pesar de todo, en la Región de Murcia estamos trabajando para que las subvenciones puedan llegar con la máxima celeridad”, subrayó Celdrán.
También criticaron que la asignación por habitante de la Región es inferior a la media nacional.
Por su parte, el presidente de la Croem consideró que "cualquier ayuda viene bien" y recordó que hay sectores en los que ha desaparecido casi la cuarta parte de los negocios.
José María Albarracín aludió igualmente a los planes de rescate de la hostelería y el comercio de la Administración regional, que suman unos 50 millones de euros y se aplicarán cuando entren en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, cuya aprobación está prevista para el próximo 16 de junio.
