Las universidades de la Región de Murcia tendrán que dotarse de normas de convicencia y formular procesos de mediación para resolver conflictos entre sus trabajadores o estudiantes. La nueva Ley de Convivencia Universitaria que anunció ayer el Ministerio de Universidades viene a sustitutir el reglamento franquista de 1954 que establecía un régimen disciplinario para los alumnos en un marco donde no existía la Constitución española, por lo que rectores y estudiantes venían reclamando desde hace años establecer un nuevo código de convivencia bajo principios democráticos.
El anteproyecto de ley fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y podrá ser enmendado en el Congreso hasta su aprobación definitiva como ley, pero el Ministerio prevé que la norma entrará en vigor en enero de 2022.
El departamento de Manuel Castells busca con esta nueva norma priorizar la mediación antes que la disciplina y las sanciones, y resolver los conflictos que se puedan generar en el seno de la comunidad universitaria con distintos órganos que velarán por la convivencia. Pero frente a esto, el nuevo régimen sancionador plantea castigos duros como la expulsión de dos meses hasta tres años o pérdida al derecho de la matriculación si los alumnos llevan a cabo novatadas, falsifican documentos académicos, suplantan identidades, cometen acoso o agresión sexual o plagian trabajos académicos. Un ejemplo de infracción muy grave sería el escrache sufrido por el rector de la UMU, José Luján, en enero por la controversia en el modelo de exámenes durante la tercera ola de la pandemia.
Tanto la UMU como la UPCT señalan que ya tienen bastante avanzado tras años de trabajo el marco de convivencia universitaria con normas propias o estatutos para el personal docente e investigador, de servicios o de estudiantes, pero el desarrollo de la ley en cada institución pasará por «identificar mejor la realidad que tenemos, sistematizar lo que ya hemos hecho y modernizar las normas de convivencia», señala José Luján, rector de la UMU, quien valora como «favorable» el anteproyecto «por dejar atrás, en primer lugar, el viejo reglamento de 1954».
Juan José Vera, defensor universitario de la UMU, señala que desde hace tiempo venían reclamando «métodos alternativos en la resolución de conflictos» y en principio la nueva ley apuesta por ello, «ya que deja como segunda o última opción aplicar el régimen disciplinario y pone más énfasis en el diálogo». Luján entiende también que «la voluntad de la ley no es de disciplina sino de convivencia».
El anuncio del Ministerio ayer no sentó bien a partes iguales entre la comunidad universitaria, ya que la representación estudiantil rechazó que el apartado centrado en el régimen disciplinario solo «reprende a los estudiantes» y obvia al resto de la comunidad universitaria. «Pese a que apuesta por la convivencia y la mediación, sigue siendo un anteproyecto que regula los procedimientos de sanciones en la universidad», señala Amal Conesa, presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU, por lo que cree necesario incluir tanto a PDI como a PAS. Las universidades deberán crear una Comisión de Convivencia con representación paritaria de toda la comunidad y estará presidida por el defensor universitario. «Creemos necesario establecer un mismo órgano paritario cuando se vaya a sancionar y que no recaiga todo el peso disciplinario en la figura del rector».
Luján señala que el régimen disciplinario para los funcionarios de la universidad está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. El rector, además, podrá delegar en los vicerrectores la potestad disciplinaria ante casos de infracciones leves.
