La Fiscalía ve necesario actuar con más mano dura ante los delitos que acaban provocando accidentes laborales. El fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, reunió ayer a los representantes de la Inspección de Trabajo, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (dependiente de la Consejería de Empleo), la Croem y los sindicatos CC OO y UGT para mejorar la coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de los riesgos laborales y perseguir las actuaciones imprudentes.

Su objetivo es conseguir que los casos de fallecimiento y lesiones por incumplimiento de la normativa legal dejen de ser casi los únicos que llegan ante la Justicia, puesto que «el Código Penal cataloga la omisión de medidas de seguridad» como delito. «Vamos a donde hay ya un resultado de lesión o muerte», alertó.

Díaz Manzanera considera especialmente significativo que «en todo 2020 solo hubiese una denuncia» en los tribunales por falta de prevención, lo que atribuye a la escasez de medios de la Inspección de Trabajo para vigilar las explotaciones en las que se producen más situaciones de riesgo. A su juicio, «apenas hay procedimientos judiciales» por situaciones de peligro que pueden provocar accidentes, aunque cree que «tiene que haber muchos casos de «omisión de medidas de seguridad» que no llegan a detectarse «por falta de personal en la Inspección».

La agricultura es uno de los sectores en los que considera más necesario actuar para evitar «omisiones» que pueden provocar incluso muertes por «golpes de calor», como la registrada el pasado año en Lorca. Añadió que los informes de la Fiscalía también recogen las exigencias en la manipulación de productos fitosanitarios, la caídas en altura o el frecuente vuelco de los tractores.

Por otra parte, llamó la atención sobre el transporte de trabajadores que existe en la Región y apuntó que el tráfico de las furgonetas no puede contemplarse solo como «una cuestión de seguridad vial», puesto que también llegan a producirse graves incumplimientos en los largos viajes de ida y vuelta que realizan los jornaleros por toda la Región. CC OO ya ha advertido de que las empresas están sustituyendo los autocares por furgonetas para eludir los controles y conseguir que los desplazamientos pasen desapercibidos

Para Díaz Manzanera el hecho de que en 2020 solo se registrara un accidente mortal menos que el año anterior (siete en 2020 frente a los ocho de 2019), a pesar de los meses de parón de la economía, resulta un indicio significativo de que no se cumple la normativa legal. En el caso de las lesiones se produjo un descenso cercano al 22% al bajar de los 589 de 2019 a 461 en 2020, que a juicio del fiscal guarda una mayor proporcionalidad con la caída de la actividad económica, que, sin embargo, «no ha tenido tanta incidencia» en los accidentes mortales.

El fiscal se propone reunirse cada seis meses con los representantes de las instituciones convocadas al encuentro celebrado ayer para mejorar los canales de comunicación y el intercambio de información. Recordó que el pasado año los juzgados de la Región dictaron 15 sentencias por lesiones o muerte en accidente laboral por imprudencia, doce de ellas condenatorias, lo que considera un balance positivo.

En 2020 se registraron 24 accidentes laborales mortales, incluyendo los fallecimientos registrados en los viajes de ida y de vuelta del trabajo, solo uno menos que el año anterior.

Los sindicatos podrán personarse en los procesos judiciales

Los sindicatos podrán personarse en las causas judiciales motivadas por los accidentes laborales para aportar información en el procedimiento sin pagar una fianza, según manifestó el secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, tras la reunión con el fiscal. El dirigente sindical agradeció la posibilidad de que las organizaciones sindicales puedan tener conocimiento de las resoluciones judiciales y apuntó que hasta ahora no les era posible hacer un seguimiento de los casos que llegan a los juzgados, dado que suelen alargarse en el tiempo. Navarro valoró también la coordinación que trata de conseguir la Fiscalía y recordó que su sindicato ha llegado a denunciar «casos de abusos sexuales» a trabajadoras de la agricultura. También apuntó que la siniestralidad laboral no ha dejado de crecer desde 2013, con la única excepción de 2018, sin que la Consejería de Empleo «haya reforzado el Instituto de Seguridad y Salud Laboral». 

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, recordó que el pasado año se registró en la Región un centenar de accidentes laborales al día, a pesar de la caída de la actividad que provocó el confinamiento. En total, el año terminó con 38.000 trabajadores accidentados, 118 de los cuales sufrieron lesiones graves.