El gasto público en servicios sociales en la Región de Murcia es «irrelevante», según se desprenden del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España. Madrid es la comunidad que saca peor nota, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria.
Por el contrario, País Vasco, Navarra y Castilla y León son las que mejor calificación tienen en materia de Servicios Sociales. El informe desvela que el 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes y el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%.
El informe pone también en evidencia las «extraordinarias diferencias» entre territorios. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una ley de nueva generación.
Asimismo, el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con sólo 299 euros/año. El porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más deldoble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.
Tras conocer el estudio, la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, trasladó su confianza en que tras la crisis de 2008 y la provocada por la pandemia del Covid 19, la situación de los servicios sociales «mejore cada día, marcando un antes y un después, con la aprobación definitiva de la Ley de Servicios Sociales y con el impulso de las políticas sociales» que cuenta con 415 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia de la Región.
Isabel Franco confía en que «estos dos hitos realcen los servicios sociales regionales, desde la cooperación y el trabajo conjunto, con la Atención Primaria de los ayuntamientos así como con las entidades del Tercer Sector».
La Consejería prevé contratar a 40 profesionales por parte de los servicios sociales de Atención Primaria de los ayuntamientos, para lo que se han destinado 16,6 millones de euros en las cuentas de este año, así como crear una nueva partida presupuestaria que servirá como base para el impulso de la nueva ley, cuya ponencia se constituye mañana en la Asamblea Regional, dando comienzo así los trabajos parlamentarios del proyecto.
Por otra parte, informaron desde el Gobierno regional, se creará el Consejo de Coordinación Territorial para garantizar «esa necesaria colaboración entre las administraciones y los servicios de Atención Primaria y Protección Social».
Críticas del PSOE
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Toñi Abenza exigió ayer al Gobierno regional que «abandone las políticas sociales asistencialistas fracasadas que tanto le gustan al PP e invierta en prestaciones para quienes más lo necesitan y consolide los avances en derechos sociales».
Toñi Abenza lamentó que la Consejería de Isabel Franco entienda la política social «como un gasto y no como una inversión en las personas que les sirva de puente e inclusión real».
Recordó que la Región también es la comunidad uniprovincial con mayor tasa de personas en riesgo de pobreza, con un gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional del 1,98%.
Desde el PSOE tachan a los presupuestos regionales de «continuistas, tardíos y sin ambición, que nos han convertido no solo en la cuarta comunidad autónoma más pobre de España, sino también entre las 20 regiones con mayor riesgo de pobreza o exclusión social».
Toñi Abenza destacó que «el PSOE lleva meses intentando revertir esta situación con propuestas en la Asamblea Regional, como la de complementar la congelada Renta Básica de Inserción, recortada en casi 2 millones de euros, o con enmiendas a la nueva ley de Servicios Sociales».
