Varios cientos de trabajadoras del servicio de asistencia a domicilio a personas dependientes se ven abocadas al despido si el Servicio Murciano de Acción Social (IMAS) no modifica el pliego de los nuevos contratos que ha sacado a concurso. Este organismo dependiente de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha extendido el servicio directo a 27 municipios más y ha sacado a licitación cinco lotes en 5.464.485,18 euros. Esta cantidad permitirá dar cobertura a un millar de beneficios más, según informaron fuentes del Departamento. Con la adjudicación estarán cubiertos todos los municipios de la Región.

En estos 27 municipios que quedarán también dentro del paraguas de los contratos del IMAS trabajan empresas que atienden a las personas dependientes, pero son contratadas directamente por los beneficiarios de esta prestación pública, según explicaron fuentes de la Consejería.

Al tratarse de empresas que no tenían ninguna vinculación con la Administración regional, el pliego de condiciones del IMAS que establece las condiciones para la adjudicación de la ayuda a domicilio no ha recogido la obligación de las adjudicatarias de subrogarse la plantilla de las compañías que están prestando el servicio, por lo que deja en el aire la continuidad de las trabajadoras que están asistiendo a las personas dependientes.

Sin embargo, las condiciones estipuladas priman con quince puntos la contratación de trabajadores residentes en los municipios en los que se ofrece el servicio de ayuda a domicilio.

Ante estos cambios, las plantillas que vienen prestando el servicio en los 27 municipios que quedarán incluidos dentro los contratos del IMAS se ven abocadas al despido si las nuevas adjudicatarias no tienen ninguna obligación de incorporarlas.

CC OO ha remitido un escrito al director general de Personas Mayores del IMAS, José Manuel López Mellado, en el que le plantea el grave perjuicio que ocasionará a las trabajadoras la ausencia de la cláusula de subrogación que establece la Ley de Contratos. También advierte de que al valorar las nuevas contrataciones, el pliego abre la puerta a al despido para hacer nuevos contratos.

Las trabajadoras temen que, de resultar adjudicatarias las empresas en las que trabajan en este momento, reciban un finiquito y sean contratadas de nuevo, pero sin la antigüedad ni los derechos que han adquirido.

Desde CC OO recuerdan que se trata de «personal cualificado, con experiencia y con contacto directo con las personas a las que tienden». Consideran que también se verán perjudicados los beneficiarios de este servicio, que dejarán de estar cuidados por las personas con las que han tenido «un trato tan íntimo» y se encontrarían con trabajadores desconocidos. De hecho, en el pliego de condiciones se recoge la necesidad de que las empresas adjudicatarias procuren que «exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas».

CC OO también considera insuficiente el precio de 14 euros por hora para las empresas. «Esta cantidad incluye los gastos de personal, material y beneficio industrial, además de la posibilidad de prórroga sin revisión a los cinco años». Teniendo en cuenta que las empresas presentarán ofertas tirando este precio a la baja, el sindicato advierte de que la remuneración que pueda llegar a los empleados será muy precaria, porque las adjudicatarias no llegarían a cubrir costes y trasladarían las penurias a la plantilla.

Igualmente, ve excesivo que los contratos tengan una duración de cinco años, prorrogables sin revisión, al entender que condena a la plantilla a una pérdida de capacidad económica. Propone que se firmen por un plazo de dos años, prorrogables si fuese necesario.

La Consejería dice que son contratos nuevos y sin vinculación

El IMAS defiende que no puede haber subrogación en los contratos que ha sacado a concurso para atender a los beneficiarios de la ayuda a domicilio en 27 municipios de la Región. Fuentes de la Consejería de Política Social sostienen que al no existir concesionarios públicos con anterioridad no puede obligarse a los nuevos adjudicatarios a contratar al personal que atendía hasta ahora a los beneficiarios de la Dependencia. Explicaron que los usuarios de los 27 municipios incluidos en el concurso «hasta la fecha estaban recibiendo una prestación, pero ellos buscaban una empresa privada que les prestaba el servicio, por lo que no existía relación entre esas empresas y el IMAS». La Consejería precisa que solo en Molina de Segura «se ha recogido la cláusula de subrogación porque se prestaba de forma pública». Recuerda que «en los demás contratos, como el de Teleasistencia, si viene la cláusula de subrogación ya que se trata de servicios que se venían prestando antes con contratos con el IMAS».

No obstante, CC OO asegura que mantiene contactos con la Consejería y cree que aceptará modificar el pliego.