El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido que los tribunales de la Comunidad de Murcia ya están detectando ese "tsunami o entrada masiva de asuntos" como consecuencia de la pandemia.
En declaraciones a Onda Regional, y al ser preguntado por el efecto de la pandemia en la Justicia, Del Riquelme ha manifestado que la "entrada masiva de asuntos lleva sus fases". En primer lugar, recuerda que durante 2020 "hemos tenido un tiempo de espera en el que la litigiosidad ha descendido en la Región un 9%, frente al 12% de descenso nacional".
"Hemos resuelto durante el año pasado solo un 9% de asuntos menos que el año anterior, a pesar de las circunstancias, mientras que en España, la reducción de resolución ha sido de un 14%", según Del Riquelme. "Esto quiere decir que los tribunales de la Región han resuelto más" que en el resto de España, puntualiza.
Ha advertido que los tribunales ya están detectando ese "tsunami o entrada masiva de asuntos" tras la pandemia. Ha recordado que el TSJ inició un mecanismo de "alerta temprana" desde el mes de marzo o abril y, mes a mes, chequea la entrada de asuntos y su incremento.
Por ejemplo, los datos recientes reflejan un incremento en materia civil de un 24% en el mes de abril de 2021 respecto al mismo mes de 2019; un aumento de un 35% en materia Social; y de un 32% en Contencioso. Por lo tanto, explica que "ya estamos empezando a sufrir esa agua alta de la que hablan los venecianos".
Del Riquelme ha puntualizado que la comparativa se establece entre 2021 y 2019 porque "el 2020 fue tan extraño que no parece correcto contrastarlo".
Ha recordado que el Gobierno adoptó medidas a través de los ERTE, la suspensión o congelación de los concursos, al menos, hasta septiembre en el primer caso y hasta final de año en el segundo caso, lo que han hecho ha sido "congelar el problema".
Sin embargo, advierte que, cuando los ERTE desaparezcan y los concursos puedan volver a plantearse "es cuando se va a producir sin duda ese incremento de la litigiosidad". No obstante, ha admitido que es "muy difícil" cuantificar cuánto crecerá, y ha señalado que la Justicia está intentando prepararse para afrontar ese "sí o sí incremento".
Por ejemplo, a la hora de plantear un contencioso en lo Social por un despido, ha explicado que el señalamiento puede tardar "apenas unos cuatro meses".
En este sentido, el TSJMU está reforzando, precisamente, la jurisdicción de lo Social, donde ya hay dos jueces más trabajando además de los nueve que estaban en Murcia y los tres de Cartagena. Asimismo, ha pedido dos juzgados provisionales o coyunturales más, uno de ellos para Murcia y otro para Cartagena.
En lo Mercantil, ha recordado que el 1 de enero se ha creado un nuevo juzgado --el número 3 de Murcia-- y está pendiente de que empiecen y terminen las obras de acondicionamiento del Palacio de Molina en Cartagena para constituir el Juzgado de lo Mercantil número 4. "Con ello, habríamos doblado en apenas unos meses el número de juzgados de lo Mercantil", ha explicado.
Con esta situación, y dependiendo del "volumen de ese tsunami", afirma que la Justicia se está "preparando". Mientras tanto, explica que están "trabajando para bajar la pendencia acumulada con esos refuerzos" con el fin de afrontar en la mejor situación posible el exceso de litigiosidad que se espera en septiembre o final de año, "como parece", por el final de los ERTE y de los concursos.
"Aún así, ese exceso de litigiosidad nos va a colocar, sí o sí, en un aprieto", según Del Riquelme, porque "es obvio que muchas empresas se van a ver en dificultades para continuar su actividad, van a haber despidos, cambios de situaciones de trabajo, deslocalización de empresas o concursos, entre otras cosas".
Fin del estado de alarma
Al ser preguntado por las medidas adoptadas tras el fin del estado de alarma, Del Riquelme ha señalado que en el TSJ han trabajado al igual que hacen "normalmente", es decir, "tratando de aplicar la normativa vigente que, en algunos casos, es más completa y, otras veces, presenta algunas carencias".
"Como siempre en estos casos, tratando de ponderar los intereses en conflicto, mucho más ahora, cuando se trata de defender derechos fundamentales", según Del Riquelme, quien ha explicado que lo que están haciendo los jueces es "ver que, efectivamente, existe una habilitación legal para esa limitación de derechos fundamentales".
Asimismo, los jueces tratan de ver si esas medidas propuestas están justificadas, si son idóneas y si son proporcionales a la situación particular de cada caso. "Teniendo en cuenta que los jueces, lo que no tenemos que hacer es crear problemas, sino tratar de resolverlo, incluso en situaciones complicadas y con normativas, incluso, a veces mejorables o escasas".
En cuanto a si sería positivo que el Tribual Supremo tomara alguna decisión, Del Riquelme ha indicado que hay una discusión "muy interesante y muy bien fundamentada" acerca de "si el estado de alarma debía durar más o menos, si era alarma o excepción, si el marco normativo era el adecuado y si se debía haber aprovechado para mejorarlo".
"Toda esa discusión está sobre la mesa, todo es razonable pero lo cierto es que hay que resolver los problemas, y lo están haciendo los órganos competentes: nadie mejor que los TSJ para resolver estos casos", según Del Riquelme, quien ha explicado que cada TSJ analiza su propia situación. "Cada situación es distinta y no hay una solución única para todos los casos", afirma.
Así, señala que están a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la conveniencia de una unificación de criterios en aquellos puntos "no de hecho, sino de derecho, que están todavía en el aire y sobre los que se suscitan duda". Se trata, añade, de los métodos de "conformación lenta, paso a paso, de la jurisprudencia".
En cuanto al papel adjudicado a los TSJ, Del Riquelme ha explicado que los jueces son los "garantes", en este caso, de los derechos fundamentales. "A mí no se me ocurre nadie mejor que los propios jueces para que, desde la independencia de criterio que tienen, puedan juzgar si cada una de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que se van proponiendo son ajustadas, necesarias, proporcionadas e idóneas".
"Por lo tanto, creo que estamos haciendo lo que nos toca", ha remarcado el presidente del TSJMU, quien considera "interesantísimo" el debate acerca de si la ley podría ser más precisa y si "podríamos haber aprovechado estos meses del estado de alarma para haber apurado o afinado un poco más los criterios o los indicadores que pudieran servir de referencia a los jueces para ver en qué situaciones se suspenden o se ponen los derechos fundamentales por detrás de las medidas sanitarias".
"Pero los problemas que tenemos están sobre la mesa y a los jueces nos corresponde no crear problemas, sino resolverlos, y dar lugar a que se produzcan esas reformas donde tienen que producirse y que serían seguro bienvenidas", ha valorado.
