La Unión Europea ha dado este miércoles un paso importante para que se reconozca el ‘ecocidio’ como un delito internacional y que la destrucción del medio ambiente sea perseguida por tribunales internacionales o impulsar la capacidad jurídica de los estados miembros para que enjuicien a los autores de cometer crímenes contra espacios naturales protegidos. El Parlamento Europeo ha votado a favor de negociar en el marco de la Corte Penal Internacional el reconocimiento del ecocidio como delito a nivel internacional dentro del Estatuto de Roma.
A propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores, el Parlamento ha votado un informe sobre los efectos del cambio climático en los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto, y aunque el impulso al reconocimiento del ecocidio como un crimen internacional no es el objetivo de la propuesta, esta medida viene incluida con el fin de que «la lucha contra la impunidad de los delitos ambientales a nivel mundial» sea una de sus prioridades clave de política exterior de la Unión Europea. Al mismo tiempo, se emplaza a países como España a plantear «medidas legislativas eficaces» para que las empresas asuman sus responsabilidades «en relación con el derecho humano a un medio ambiente saludable».
La contaminación del Mar Menor o la destrucción de la bahía de Portmán son dos ejemplos de atentados contra el medio ambiente que podrían ser estudiados a nivel internacional amparándose en el nuevo delito del que se podría acusar tanto una persona como una gran multinacional. Organizaciones como Stop Ecocidios España ya estaba trabajando para que la degradación de la mayor laguna salada de Europa sea reconocida como un ecocidio y el delito se iguale a otros como los crímenes de guerra o el genocidio, reconocidos por la Corte Penal Internacional.
La propuesta llega en forma de Proposición no de Ley, por lo que no tendría valor legal la aprobación del proyecto, pero es un paso más para reforzar la línea ‘verde’ que la Unión Europea quiere seguir de cara a los próximos años. En diciembre del pasado año, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó otra proposición en la que instaba al Gobierno de España a estudiar la posibilidad de proponer la inclusión del delito de ecocidio en el derecho penal español modificando el Código Penal y, a su vez, solicitar la modificación del Estatuto de Roma para que el Tribunal Penal Internacional pueda juzgar los delitos ambientales.
La problemática en esta cuestión nace por diversas cuestiones como la de definir qué grandes destrucciones de los espacios naturales protegidos se pueden juzgar o dilucidar la voluntariedad del crimen cometido, es decir, diferenciar si la agresión al medio ambiente fue deliberada. España ya está en marcha con el proceso de darle un encaje legal a este delito al igual que la Unión Europea, y en paralelo un grupo de una docena de expertos juristas internacionales está redactando las ‘bases’ para enjuiciar este delito no solo como un atentando contra la salud de las personas, sino reconocer el daño físico causado al medio ambiente.
Falta de efectividad de las normas
La Unión Europea se quiere perfilar como el territorio que más avanza en la protección del medio ambiente y que está a la vanguardia de estas cuestiones, al que se le suma el pacto verde europeo. Es por ello que para el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, Santiago Álvarez Carreño, este paso busca arreglar un problema: «La falta de efectividad de las normas de protección del medio ambiente y el alto grado de incumplimiento de estas». Carreño entiende que la contaminación del Mar Menor podría juzgarse bajo el paraguas de la justicia internacional por considerarse la «desaparición de un ecosistema y una biodiversidad en la laguna salada más grande de Europa».
Encima de la mesa seguirían dudas como si estos delitos los podría juzgar un tribunal como el europeo en La Haya o Europa podría obligar a cada estado a incluir este delito en su código penal, e incluso si países como Estados Unidos o China aceptarían este supuesto. «Habría que plantear negociaciones en instancias internacionales como la ONU para modificar el derecho internacional. Si por ejemplo en la Región resulta complicado tramitar una sanción de un organismo como la Confederación Hidrográfica del Segura, imagínate enjuiciar un delito ambiental en el tribunal europeo».
El eurodiputado socialista murciano Marcos Ros remarcó por su parte que, con esta iniciativa ya aprobada, «desde el Parlamento le estamos pidiendo a la Unión Europea y a todos sus Estados miembros que reconozcan este delito y que se implanten programas para que los mecanismos judiciales de cada país sean más efectivos». El informe, aprobado por amplia mayoría, es importante porque pide «a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que luchen contra todo tipo de violación de los Derechos Humanos que se produce como consecuencia de los efectos del cambio climático en los ciudadanos, así como contra la persecución y violación de derechos que sufren los activistas contra el cambio climático en muchos territorios del planeta».
