El PSOE regional ha presentado cinco alegaciones al decreto de admisión y escolarización de la Comunidad, ya que entiende que contiene apartados que vulneran la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). Su secretario general, Diego Conesa, pide al Gobierno autonómico que «rectifique» para no crear «inseguridad jurídica a las familias» porque, de lo contrario, «aprobará un decreto ilegal».
El principal problema que han observado los socialistas está en la vulneración del carácter prioritario de determinados criterios de admisión. La LOMLOE reconoce tres: existencia de hermanos en el centro educativo, proximidad del domicilio familiar o del lugar de trabajo de sus padres y la renta per cápita de la unidad familiar. El decreto solo respeta uno de ellos.
En el baremo que establece laComunidad para el segundo ciclo de infantil y Primaria, a la renta per cápita solo se le otorga un máximo de 0,25 puntos, que representa un 0,7% del total (siendo el criterio al que menos importancia se le da). Además, se establecen únicamente dos tramos de renta, en función de que esta supere o no el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El portavoz de Educación del PSOE regional, Antonio José Espín, denuncia que, de esta forma se «impide valorar las diferentes situaciones económicas».
El criterio de proximidad, por su parte, se ve superado por otros dos principios no prioritarios para la LOMLOE, como son la existencia de padres y m adres trabajando en el centro escolar o la concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus progenitores.
Desde el PSOE entienden que los tres criterios juntos deberían representar conjuntamente más del 50% del baremo. «El PP y el Gobierno regional mienten de forma descarada cuando afirman que la nueva ley educativa elimina la libertad de los padres para elegir el centro donde estudien sus hijos», explicó ayer Conesa. «Lógicamente, como es imposible garantizar al 100% que todas las familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción (porque puede haber más peticiones que plazas), es imprescindible establecer unos criterios de admisión para que, a modo de desempate, puedan adjudicarse las plazas de la forma más justa y equitativa», añadió.
A la puntuación insuficiente del criterio de proximidad, el PSOE alega también la «falta de criterios y garantías para un adecuado establecimiento de la zonificación». Denuncian que Miras «burla» este punto de la ley estableciendo un distrito único para todos los centros educativos de un mismo término municipal. De esta forma, alumnos que residan en pedanías con kilómetros de distancia podrían acceder al mismo centro escolar sin que puntúe el criterio de cercanía para seleccionar a uno u otro estudiante. La Ley Celaá, por su parte, exige que para la ponderación del criterio de proximidad se establezcan áreas de influencia de cara a «garantizar la aplicación efectiva» de este criterio.
Otra de las alegaciones presentadas se refiere a la exclusión del baremo de las víctimas de terrorismo, un apartado que ha introducido la LOMLOE, que también incluye la condición de víctima de violencia de género. En este caso, desde el PSOE alertan de que el decreto solo lo contempla en el caso de que provoque un cambio de residencia.
Una cuarta alegación hace referencia a que el decreto mantiene la nota media aritmética de las calificaciones de la ESO en Bachillerato en aquellos centros en los que se tenga reconocida una especialización curricular, un criterio que vulnera «frontalmente» lo dispuesto en la Ley de Educación.
Por último, el PSOE denuncia la «ausencia de medidas» para prevenir la segregación escolar y evitar «guetos» por motivos socioeconómicos. Conesa recuerda que la Región es, además, una de las comunidades en las que este problema está más extendido.
El PP acusa a Diego Conesa de "declarar la guerra a las familias"
La portavoz del PP regional, Miriam Guardiola, alertó ayer de que «Diego Conesa declara la guerra a las familias al oponerse a que las familias decidan libremente el centro educativo de sus hijos». Guardiola remarcó que «el Gobierno de López Miras es un firme defensor de la libertad educativa» y así inició la modificación del decreto de admisión para «contrarrestar los efectos nocivos de la Ley Celaá», siguiendo escrupulosamente todos los trámites jurídicos.
