La Fiscalía ha pedido el archivo del caso de la presunta prevaricación administrativa por parte de Diego Conesa, secretario general del PSOE regional, en la sanción de una multa de tráfico a un concejal de IU-V de Alhama de Murcia cuando el dirigente socialista era alcalde de este municipio y que se investiga en el juzgado número 3 de Totana.
El entonces Sargento-Jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia denunció a Conesa por no haber ordenado la tramitación de esta multa puesta a Juan Romero García en 2016, por una presunta infracción de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
La Fiscalía también cree que no resulta procedente el careo entre el testigo Felipe García Provencio, entonces concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio, y el líder del PSOE murciano, «al no resultar una actuación necesaria para el esclarecimiento de los hechos».
En su informe, con fecha del 4 de mayo al que ha tenido acceso esta Redacción, el Ministerio Fiscal considera que la fase de Instrucción ha concluido y, por tanto, reclama al juzgado el sobreseimiento provisional de la causa.
El Fiscal considerara que de las diligencias de Instrucción practicadas, así como de las declaraciones de Conesa y de otros testigos, no se desprende la existencia de suficientes indicios de comisión de un delito de prevaricación. Asimismo, no cree que se haya acreditado que el investigado, en relación con la multa formulada contra Romero, «haya adoptado algún tipo de decisión arbitraria, con conocimiento de que la misma es contraria a Derecho».
El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, acudió a declarar el pasado mes de enero y entonces manifestó que había hecho «siempre lo correcto» y que esperaba que se resuelva «cuanto antes» el caso. Ya entonces recordó que era el «primer político» de la Región de Murcia que renuncia de manera voluntaria a su aforamiento en virtud de su acta como diputado autonómico.
El Partido Popular, por su parte, desde que se conoció la existencia de esta causa ha defendido que «es patente que Conesa incumplió su obligación» de iniciar el procedimiento sancionador.
Fuentes socialistas han manifestado prefieren esperar a la decisión de la magistrada, que será en unos días, antes de hacer valoraciones al respecto «para que no pueda interpretarse como interferencia en las decisiones judiciales».
