La ley del Mar Menor no atenta contra el derecho de propiedad de los propietarios de explotaciones agrícolas en el Campo de Cartagena ni imposibilita el desarrollo de la actividad agraria en la cuenca vertiente, ya que los condicionantes que impone la norma regional persiguen el objetivo de la defensa y restauración de la laguna. Con este argumento el pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso que el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados interpuso contra 18 artículos de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada como decreto ley por el Gobierno regional en diciembre de 2019 y modificada en la Asamblea regional en julio del pasado año tras un acuerdo alcanzado entre el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.
La formación de Santiago Abascal presentó un recurso, que fue admitido por el TC en noviembre de 2020, por varias razones: La ley afecta al derecho de propiedad; de libertad de empresa; impone limitaciones y prohibiciones a los agricultores que no pueden ser acordadas por la Comunidad Autónoma y afecta a la planificación hidrológica y al dominio público marítimo terrestre, que son competencia del Estado.
El Constitucional ha emitido una resolución en la que desestima dicho recurso y echa para atrás los argumentos de Vox, al asegurar, entre otras cosas, que «la regulación de las condiciones para el ejercicio de la actividad agrícola y la protección medioambiental del Mar Menor no vulnera las competencias estatales invocadas por los recurrentes, sino que, por el contrario, es una actuación que encuentra acomodo en el acervo competencial autonómico».
Los magistrados apuntan a Bruselas y señalan además que «la propia Comisión europea ha advertido a España del ejercicio de acciones judiciales para la imposición de sanciones por el incumplimiento de la Directiva de Nitratos en varias zonas, entre ellas el Mar Menor. Y son, por último, medidas idóneas en abstracto, o ‘constitucionalmente adecuadas’, para alcanzar el objetivo perseguido: la defensa y restauración del medio ambiente».
Las medidas se aplican, recuerda el Constitucional, sobre una zona «cuyo deterioro no solo no ha sido controvertido en el recurso, sino que es incluso compartido por los recurrentes en los informes que adjuntan al escrito de interposición».
La ley del Mar Menor había vuelto al debate regional, a falta de que se pronunciara el Constitucional, al redoblar la presión de Vox para que el Gobiemo regional derogase la norma. Alegaba su presidente en la comunidad, José Ángel Antelo, que tras la expulsión de Ciudadanos del Ejecutivo por plantear una moción de censura a López Miras, este ya no contaba con la presión de sus socios por mantener la ley.
El Tribunal recuerda que no les corresponde “enjuiciar las opciones de política legislativa o la bondad técnica, oportunidad, idoneidad o eficacia de las medidas aprobadas por el legislador», por lo que aquellos artículos recurridos por ser arbitrarios o no contar con base técnica o científica, según Vox, también son desestimados por el Constitucional.
El fallo del TC ofrece un respaldo jurídico, pero también social, a la norma aprobada en la Asamblea como ley el pasado año.
