La Fiscalía ha pedido el archivo del caso de la presunta prevaricación administrativa por parte de Diego Conesa en la sanción de una multa de tráfico a un concejal de IU-V de Alhama de Murcia cuando el dirigente socialista era alcalde de este municipio, que se investiga en el juzgado número 3 de Totana.
También considera que no resulta procedente el careo entre el testigo, Felipe García Provencio, entonces concejal de Seguridad Ciudadana, y el líder del PSOE regional, «al no resultar una actuación necesaria para el esclarecimiento de los hechos».
El Ministerio Fiscal, en la solicitud con fecha del pasado viernes a la que ha tenido acceso esta Redacción, considera que la fase de Instrucción ha concluido y, por tanto, reclama el sobreseimiento provisional de la causa.
El que fuera Sargento-Jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia, José Clares Martínez, denunció a Diego Conesa no haber ordenado la tramitación de una multa puesta a un concejal de IU-V, Juan Romero García, por la Policía Local en 2016, por una presunta infracción de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
El fiscal considerara que de las diligencias de Instrucción practicadas, así como de las declaraciones de Conesa y de otros testigos, no se desprende la existencia de suficientes indicios de comisión de un delito de prevaricación. Asimismo, no cree que se haya acreditado que el investigado, en relación con la multa formulada contra Romero, "haya adoptado algún tipo de decisión arbitraria, con conocimiento de que la misma es contraria a Derecho".
El secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, acudió a declarar el pasado mes de enero y entonces manifestó que había hecho "siempre lo correcto" y que esperaba que se resuelva "cuanto antes" el caso. Ya entonces recordó que era el "primer político" de la Región de Murcia que renuncia de manera voluntaria a su aforamiento en virtud de su acta como diputado autonómico.
