«Hay un caso de un sacerdote de aquí de Murcia, que tiene 90 años, que se quedó en la calle, en la puerta de la casa parroquial. Llamó al cerrajero el chico ecuatoriano que lo cuida y le soplaron 2.000 y pico euros». Es uno de los asuntos más sangrantes que lleva entre manos el abogado murciano Rodrigo Pozo, que se está haciendo cargo de la defensa de 75 vecinos, la mayoría de ellos de la Región y el resto de Castilla-La Mancha, que han sido estafados por las mismas compañías de cerrajería, que casualmente están a nombre de un mismo individuo: David G. E.

De una de estas empresas era el cerrajero que cobró 1.077 euros a una señora de Cartagena por abrirle la puerta en Nochevieja, un caso que dio a conocer LA OPINIÓN. A raíz de su publicación en este perióico, otras personas que se habían visto estafadas se fueron comunicando y, al poner en común sus experiencias, se percataron de que detrás de los sablazos recibidos estaba la misma gente.

«Lo que estamos haciendo, de todas las opciones que en Derecho hay extrajudiciales, es intentar conseguir un acuerdo», detalla Rodrigo Pozo, que ya ha puesto «demandas de conciliación, que no han tenido éxito porque la empresa no ha querido conciliar».

Tiene claro que como mucho un servicio de abrir la puerta cuesta 150 euros, así que «a partir de esa cantidad, hasta el límite de lo que le hayan cobrado a cada uno, se tiene que devolver».

«Para junio tenemos la conciliación. Ya no sé si el juzgado la va a suspender o mantener la fecha», resalta el letrado, que tiene previsto «poner en conocimiento de Consumo una denuncia colectiva, para que se tenga que pronunciar». Remarca que «no vamos a denunciar precios abusivos: vamos a denunciar incumplimiento de las obligaciones de información sobre el precio y publicidad engañosa, ya que ellos se presentaban como los cerrajeros más económicos de la zona». Rodrigo Pozo explica que «el dueño de la empresa dice que él es intermediario de cerrajería, pero que él no es cerrajero, y en su web se presenta como cerrajero, cuando no lo es».

«Una vez que ya tengamos una resolución de Consumo, pondremos la demanda pertinente», adelanta el letrado, a lo que añade que «esperamos recuperar el dinero y una indemnización por daños y perjuicios» para los damnificados.

En el citado caso del cura estafado, «le dijeron que costaba 250 euros y en el datáfono pusieron 2.500». «Primero hacen el pago y luego el presupuesto: el chico que lo cuida rellenó el presupuesto, le dio el papel y se fue», manifiesta el abogado.

A otra señora, en este caso de la vecina comunidad manchega, le soplaron más de 4.000 euros, afirma Pozo. «Le abrieron la puerta, vieron que era una señora mayor en situación de dependencia, le dijeron que valía 400 y pico euros; pagó, luego le dijeron que había un error en el datáfono, que si podía pasar la tarjeta otra vez, y así una y otra vez... hasta los 4.000 euros».