La Justicia francesa juzga a partir de este lunes a la empresa española de empleo temporal Terra Fecundis y tres de sus directivos, acusados de realizar "trabajos no declarados en banda criminal y negociar con mano de obra".
La empresa se ha puesto en contacto con este periódico y ha asegurado que ha cotizado en todo momento a la Seguridad Social española por todos y cada uno de los trabajadores desplazados a Francia, siguiendo los mandatos de los Reglamentos Comunitarios de Coordinación de Seguridad Social. "En concreto, más de 80 millones de euros de cotizaciones en el periodo reclamado", precisan.
Añaden además, que "todos y cada uno de los desplazamientos se han llevado a cabo dentro del derecho de libre circulación de trabajadores en la UE, con pleno respeto de las normativas sobre prestación transnacional de servicios" y que un país como Francia, en su papel de comunitario de destino de mano de obra, no puede oponerse a dichos desplazamientos, que habrían sido "previamente autorizados por las autoridades laborales españolas".
"Se trata de una cuestión de derecho comunitario, y de interés puramente económico, por la cual Francia pretende que los 80 millones de euros ya cotizados en España, ahora sean pagados de nuevo allí y con recargos, cuestión ante la que Terra Fecundis se opone rotundamente ya que durante todos estos años ha cotizado en España siguiendo los mandatos legales y jurisprudencia comunitaria que la ampara, cuando los desplazamientos de los trabajadores sean de carácter temporal", finaliza el comunicado.
