El Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional ha dictado auto de apertura de juicio oral en una pieza separada del caso Púnica contra la denominada rama de Murcia, en la que figuran como acusados, entre otros, el ex consejero regional Juan Carlos Ruiz y su jefe de gabinete, José Fidel Saura.

A través de un auto que acaba de ser notificado a las partes, al que ha tenido acceso Efe, el juzgado abre también juicio contra otras siete personas, entre las que se encuentran la que fuera directora del Instituto de Turismo de Murcia, María Dolores Martínez, y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso.

El juez dice que, a raíz de las investigaciones llevadas a cabo durante la instrucción del caso, han aparecido indicios de criminalidad sobre la presunta comisión de varios delitos en las actividades llevadas a cabo por los encausados para mejorar la imagen y reputación de responsables políticos murcianos.

En el escrito de acusación presentado por la fiscalía el pasado noviembre se asegura que para realizar la campaña de imagen que favoreciera a Ruiz, entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, se cometieron, presuntamente, varias irregularidades, como encargar los trabajos sin sacarlos a pública concurrencia.

El ministerio público pide para el ex consejero dos años y medio de prisión e inhabilitación para cargo público por tiempo de ocho años por un delito de fraude, y otro año y medio de cárcel, multa de 150.000 euros e inhabilitación por cinco años por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación.

Para la ex directora del Instituto de Turismo, reclama, por fraude, dos años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación, y por el de prevaricación, diez años de inhabilitación.

En cuanto al que fuera jefe de gabinete de Ruiz, las penas solicitadas se concretan en dos años y medio de prisión por fraude, junto con ocho años de inhabilitación, y un año y cuatro meses de prisión y multa de 100.000 euros por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación.

Para los demás acusados el ministerio público solicita distintas penas según su grado de participación en los hechos.