El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, que ayer recibió la orden de la Consejería de Salud del 8 de mayo que establece las nuevas restricciones a aplicar en Murcia tras el estado de alarma, tiene tres días de plazo para ratificar o denegar las medidas aprobadas por el Ejecutivo regional. La Sala de lo Contencioso del TSJ trasladó ayer mismo a la Fiscalía la autorización solicitada por la Comunidad Autónoma para limitar las reuniones sociales a seis personas y reducir el aforo de las celebraciones y banquetes a cien invitados en el exterior, aunque ha levantado el toque de queda y el cierre perimetral. A partir de ahora el Ejecutivo murciano podrá solicitar incluso la aplicación del estado de alarma si considera que la evolución de la pandemia hace necesario un endurecimiento de las restricciones.
Murcia, que ayer cumplía cuatro días consecutivos sin registrar ningún muerto por coronavirus, se encuentra entre las comunidades autónomas que el sábado a las 12.00 horas levantaron el toque de queda y permitieron viajar a otras regiones. Sin embargo, mantiene cerrada la hostelería a partir de las 12.00 horas de la noche y toda actividad no esencial estará prohibida desde la medianoche hasta las 06.00 horas. Solo los establecimientos esenciales como farmacias o gasolineras podrán atender clientes durante esa franja de seis horas.
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, advirtió ayer de que, si la situación lo «requiere», endurecerá las restricciones para las que ha pedido autorización al TSJ, que se pronunciará el jueves. Recordó que el Comité de Seguimiento Covid se reúne cada semana, con la asistencia de los técnicos de Salud Pública y de Epidemiología, y aseguró que, «por supuesto» tomará medidas más restrictivas en el momento en el que alguno de los indicadores empeore.
«Es cierto que la Región cumple los mejores parámetros en cuanto a la Covid, tanto en incidencia como en ocupación de UCI, en la tasa de positividad o en letalidad», lo que permite que la situación sea «propicia» para iniciar esta desescalada. En declaraciones a Antena 3 López Miras responsabilizó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de la disparidad entre las medidas que aplica cada comunidad y dijo que no se puede pedir a los jueces que tengan que decidir sobre unas cuestiones sanitarias porque la responsabilidad «la tienen que tener los ejecutivos».
En los últimos días se han conocido varias resoluciones contrapuestas de los órganos judiciales a los que han acudido las comunidades autónomas que pretendían mantener el toque de queda y el cierre perimetral, tal y como ha ocurrido en Canarias.
En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado las limitaciones a la movilidad nocturna, a las reuniones sociales y familiares y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat . Sin embargo, los magistrados acotan la vigencia de estas restricciones al periodo comprendido entre el 9 y el 24 de mayo (no hasta el 30 de mayo como pedía el Ejecutivo valenciano) y establecen que será la evolución de la pandemia del coronavirus y el ritmo de la vacunación los que determinen «la necesidad (o no) de su prórroga o la adopción por la autoridad competente de medidas de mayor laxitud en la afectación a derechos fundamentales».
El cierre de los bares a partir de la medianoche establecido en Murcia y las limitaciones en las celebraciones y ceremonias religiosas, que reducen a un centenar los invitados en el exterior de los locales y a 50 en el interior, son las medidas más criticadas por la patronal de hostelería Hostemur, que considera «denigrante» el trato del Gobierno regional.
La organización que preside Jesús Jiménez también reprocha al Ejecutivo regional que mantenga cerrados los locales de ocio nocturno. Hostemur recordó que Andalucía permite celebraciones con la asistencia de «300 invitados en el interior y 500 en el exterior».
