Importantes deficiencias en los mecanismos de control interno de la CAM, tanto en la concesión de créditos como sobre inversiones de la caja y sus participadas, y un modo de gestión que condujo a su deterioro progresivo provocando que el impacto del entorno económico tuviera en ella un efecto más grave y rápido, lo que puso en peligro su viabilidad y solvencia. Estas son parte de las conclusiones que recoge el pliego de cargos del expediente sancionador que el Banco de España está comunicando a medio centenar de exresponsables de la CAM, en su mayoría exconsejeros a los que se suman dos exdirectivos: los últimos directores generales de la caja: Roberto López Abad y María Dolores Amorós.
Un documento cuyo inicio data de principios de 2012, que se paralizó por la investigación judicial y que establece sanciones que oscilan entre los 150.000 y los 500.000 euros por las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de la entidad. Multas que eleva hasta el millón en el caso de la propia entidad aunque en el informe ya se señala que habrá que analizar la situación después de que la CAM se transformara en fundación.
La tramitación del expediente se ha reactivado ahora al adquirir firmeza la mayoría de las sentencias dictadas por estos hechos. De los siete procesos penales solo queda que el Alto tribunal se pronuncie sobre el de los negocios de la caja en el Caribe, donde López Abad y el también exdirectivo Daniel Gil (que no figura entre los expedientados) han sido condenados a dos años de prisión y al pago de 28 millones junto a sus socios, los empresarios Juan Ferri y José Baldó, que ya han abonado su parte. Y una última pieza aún en instrucción sobre financiaciones para la compra de terrenos.
Entre las anomalías que detalla el organismo supervisor se encuentra el uso de artificios contables para ocultar la elevada morosidad de la caja o la dudosa legalidad de las retribuciones percibidas por algunos directivos y consejeros, hechos por los que el Supremo ha acabado condenando en total a ocho del cerca del medio centenar de implicados que también figuran el expediente. Las condenas se tendrán en cuenta en la propuesta de resolución. Los expedientados, entre los que se encuentra el expresidente Modesto Crespo, su homólogo en la comisión de control Juan Ramón Avilés, los tres exvicepresidentes, solo dos miembros del comité de dirección y hasta representantes de los impositores, disponen de treinta días para alegar. Después se concretarán las sanciones propuestas adecuándose, en caso de mantenerse, al grado de responsabilidad de cada uno.
El informe apunta otras anomalías como prácticas irregulares para alterar la realidad financiera y patrimonial de la CAM; el incumplimiento de autorizaciones administrativas; el pago de retribuciones no justificadas a los órganos de control, consejeros y ejecutivos; la preocupante falta de operatividad del departamento de auditoría interna y la incapacidad para presentar a tiempo un plan de viabilidad que hubiera permitido a la caja recuperar los niveles mínimos de solvencia, una de las consideradas más graves.
El Banco de España destaca el escaso control que durante años hubo sobre la concesión de créditos, tanto en la red comercial como al más alto nivel, y apunta que en muchos expedientes ni siquiera hay constancia de la intervención del Departamento de Riesgos. La gestión de la morosidad es otros de los fallos señalados. Para evitar que aumentara, según el relato del organismo supervisor, se concedían refinanciaciones sin tener en cuenta la solvencia del beneficiado. Además de que las oficinas «se desentendían» de los recobros.
El ejemplo de Polaris
Como ejemplo de la falta de control que había en la entidad, el documento relata las operaciones de la CAM con el grupo Polaris y las que se realizaron con múltiples promotores a través de la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). En el caso de la inmobiliaria murciana, los inspectores se sorprenden al comprobar que no existía ningún control sobre las disposiciones de financiación que hacía la firma supuestamente para sufragar las promociones. Es decir, que no se comprobaba que el dinero se invertía en las urbanizaciones.
Tampoco se realizó ningún análisis de riesgo para otorgar nueve millones al socio principal de Polaris para que éste participase, a su vez, en un préstamo con el que recapitalizar la sociedad, después de haberse repartido 84 millones en dividendos. El caso de las actuaciones a través de TIP es aún más grave, según el Banco de España, que estima en más de mil millones de euros las pérdidas registradas por la caja debido sus inversiones a través de esta filial.
El supervisor también censura la política seguida por los directivos para favorecer el crecimiento de la misma por recurrir en exceso a la financiación de los mercados mayoristas descuidando la captación del ahorro de los particulares.
