La medianoche del sábado, ya domingo, se termina el estado de alarma decretado en octubre, en virtud del cual se establecían restricciones (distintas dependiendo de la comunidad autónoma) cuyo fin era contener la pandemia de coronavirus. En la Región de Murcia, donde la covid ha matado a casi 1.600 personas, dependiendo de cómo fueran los contagios se fueron abriendo y cerrando bares, prohibiendo reuniones de familiares y amigos o cerrando todo a las diez de la noche, por ejemplo. Ahora, con el fin del estado de alarma, llega el fin del toque de queda y de los cierres perimetrales, aunque las comunidades podrán recurrir a la Justicia, para ver si los tribunales las autorizan a seguir poniendo restricciones.

Los gobiernos autonómicos se preparan para este escenario y ya han anunciado sus intenciones. Falta saber oficialmente qué hará el Ejecutivo de López Miras. La Región ha esperado a última hora para anunciar cuáles son sus intenciones: si recurrirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para intentar conseguir su respaldo y prorrogar las medidas. Algo que otras comunidades, como es el caso de País Vasco y Navarra, ya han dejado claro que harán.

La portavoz del Gobierno regional, Valle Miguelez, explicó ayer que este viernes se reunirá el Comité de Seguimiento Covid para acordar las restricciones que sobrevengan al nuevo marco que se presenta.

Cabe recordar que el Gobierno central aprobó el martes pasado un real decreto con el que pretende que las comunidades puedan evitar problemas con sus respectivos tribunales superiores de justicia. En virtud de este texto, si una comunidad solicita el aval para establecer una de estas acciones y es rechazado por el TSJ podrá acudir en casación al Tribunal Supremo. De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende «unificar doctrinas» y que haya jurisprudencia aplicable a todas las autonomías.

El presidente López Miras aseguró el martes que no adoptará ninguna decisión que ponga en riesgo la salud de los murcianos cuando expire el estado de alarma y que la relajación de las medidas restrictivas «debe estar vinculada a la vacunación, no a una fecha». Hoy dirá oficialmente cuáles son sus planes.

Insistió en los buenos índices de control de la pandemia logrados en esta Región, que se ha convertido en una especie de «burbuja» para el coronavirus, y subrayó que la relajación de las restricciones se decidirá una vez que se haya obtenido la inmunización de un porcentaje relevante de la población mayor de 60 años.

Respaldo del Defensor del Pueblo

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ve constitucional que las comunidades acuerden, con la legislación vigente y sin necesidad del estado de alarma, medidas de protección de salud pública que «supongan limitaciones temporales de derechos fundamentales de alcance general».

Y avala que las comunidades lo hagan «siempre que justifiquen adecuadamente, en cualquier caso, su necesidad, idoneidad y proporcionalidad» de las mismas, según señala la institución en su informe anual presentado ayer.

El documento coincide precisamente con el debate abierto por el escenario que ello dibuja ahora en las comunidades y los planes que tienen que diseñar para contener al virus sin este paraguas de excepción que lleva vigente desde finales de octubre.

El Defensor reconoce que existe un debate doctrinal a este respecto y muestra su pleno respeto «a las opiniones discrepantes, a las decisiones de los órganos judiciales y al pronunciamiento último que, en su momento, pueda emitir el Constitucional».