El juzgado de instrucción de Murcia que investiga a más de medio centenar de ex altos cargos y empresas agrícolas por los presuntos vertidos contaminantes que llegaban hasta el Mar Menor a través de una rambla ha acordado el sobreseimiento provisional con respecto trece de estas últimas mercantiles.
A través de una resolución conocida este martes, el juzgado dice que procede el archivo de las actuaciones con respecto a las mismas al no estar debidamente acreditado que los vertidos que se le atribuyen supusieran un peligro para el medio ambiente, aunque deja abierta la puerta a que los hechos puedan ser sancionados por la vía administrativa.
Para ello, el magistrado que dirige las investigaciones ha tenido en cuenta una prueba pericial que él mismo encargó y en la que se llega a esa conclusión.
En base a ese mismo informe, el magistrado ha rechazado los recursos de reforma presentado por otros dos investigaciones porque su conducta sí pudo afectar al medio ambiente con dichos vertidos, procedentes de desalobradoras.
El juzgado acordó el pasado mes de febrero el sobreseimiento de las actuaciones con respecto al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita, al señalar que aunque pudo tener conocimiento cuando estaba en el cargo de la existencia de aquellas desalobradoras ilegales, su actuación de no perseguir su funcionamiento no era punible.
El auto añadió que no le era aplicable la reforma introducida en el Código Penal en 2010, año que cesó en el cargo, que declaró como conducta perseguible penalmente la omisión de inspecciones de carácter obligatorio.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Murcia ordenó al juzgado en un auto conocido el pasado 30 de abril admitir como acusación popular en estas diligencias, conocidas por "caso Topillo", a la organización Greenpeace.
