La X legislatura llega a su ecuador el próximo mes de junio con una Asamblea Regional de lo más abigarrada. Dos partidos políticos con representación carecen de voz propia en sus propios grupos parlamentarios.

Todo empezó a mediados del año pasado, cuando tres de los cuatro diputados de Vox decidieran tomar el control de las cuentas de su grupo y echaran a cuatro de sus trabajadores, colocados desde Madrid. Fueron expulsados, negándose a entregar el acta y a abandonar el grupo. Desde entonces, como son mayoría y su portavoz es uno de los díscolos, deciden las preguntas que hacer al Ejecutivo en la sesiones de control, le interpelan, registran iniciativas, se reparten entre ellos las comisiones y, por supuesto, manejan el presupuesto.

Lo mismo pasó hace mes y medio en el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tras presentar la moción de censura contra su socio de Gobierno, cuatro diputados (de seis), incluyendo al presidente de la Asamblea, rompieron la disciplina de voto, provocando que la moción no prosperase. Expulsados también, son mayoría, por lo que forzaron el cambio de portavoz, que pasaba a ser Francisco Álvarez.

Vox intentó en su día que los díscolos abandonaran el grupo, pero se toparon con el reglamento de la discordia, que establece tres causas para dejar de pertenecer a un grupo parlamentario: por voluntad del diputado, por decisión del grupo parlamentario (manifestado expresamente por su portavoz) y por la disolución de dicho grupo. Nada de esto ha ocurrido ni en Vox ni en Cs. Esta última formación, por su parte, ha llevado al Tribunal Constitucional haberse quedado sin portavoz.

El primero en reconocer las «carencias» de la normativa es su presidente, Alberto Castillo, que explica que cuando se elaboró el reglamento «nadie podía imaginar que pasaría algo así». Reconoce que «hay que actualizarlo», pero son los portavoces los que tienen poder para hacerlo. Teniendo en cuenta que el de Vox y Cs no lo van a solicitar, necesitarían del acuerdo de PP y PSOE. Además, Castillo subraya que, aunque se modificaran las normas, estas no se aplicarían con carácter retroactivo, por lo que el problema actual no se resolvería. «Es un callejón sin salida», lamenta.

La expresidenta de la Asamblea durante la legislatura anterior, Rosa Peñalver, no es partidaria de modificar las normas, a pesar de que la Región esté viviendo una situación «surrealista». Considera que «el reglamento es garantista y no debe recoger las cuitas internas» de los partidos. «No es un problema de reglamento, sino de esta gente que viene de partidos de aluvión». Afirma que los nuevos diputados «no saben lo que es la política» y mantiene que muchas de sus luchas internas acabarían «si se sentaran a hablar».

La reunión trampa

Rosa Peñalver cree que si Ciudadanos perdió la portavocía de su grupo fue por «ignorancia», ya que el órgano que convocó la reunión en donde se votaba la sustitución de Juan José Molina por Francisco Álvarez «no era competente». Pese a ello, Martínez Vidal y Molina «fueron, se sentaron y votaron». Explica que la Mesa requiere un escrito del partido en el que se cambia de portavoz, un poder con el que los que se saltaron la disciplina de voto del partido no contaban al principio. Aunque no le extraña la maniobra: «Los tránsfugas están asesorados por el PP».

Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea, considera que «no se puede hacer un reglamento a medida» y señala que «ciertos partidos políticos no se han quejado hasta que han perdido la mayoría».

"Un partido no puede condicionar la soberanía nacional", afirma Miguel Sánchez, que ayudó a redactar las normas

En la misma línea, Miguel Sánchez, senador de Cs que ayudó a redactar el actual reglamento, defiende el trabajo realizado durante su paso por el Hemiciclo. «Un partido no puede condicionar la soberanía nacional, los grupos parlamentarios tienen autonomía y el acta es de cada diputado», afirma. «El problema es más de poca vergüenza, ignominia y golfería que de otra cosa», prosigue. También sugiere a los partidos que, antes de quejarse a la Asamblea, se responsabilicen de las propias listas electorales que ellos elaboran.

El PSOE quiere enmendar la reforma del Estatuto durante su tramitación

El PSOE sí apuesta por una modificación del reglamento de la Asamblea Regional, que no aclara qué debe hacerse con los diputados que se han saltado la disciplina de voto de una formación y que se niegan a dejar su grupo parlamentario.

El diputado Alfonso Martínez Baños coincide con el resto de partidos al afirmar que «nadie podía pensar que pasaría algo así cuando se escribió el nuevo reglamento». Sin embargo, considera que «hay que cambiarlo», ya que lo que ha ocurrido en la cámara murciana «no es razonable».

Los socialistas defienden que la propia Constitución Española establece que la representatividad del pueblo corresponde a los partidos políticos.

Fuentes del partido han adelantado a LA OPINIÓN que «muy posiblemente» se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en próximo mes de junio. La idea inicial de los socialistas es enmendar el texto para evitar que esta situación vuelva a darse en la Asamblea Regional en el futuro. De esta manera, un diputado expulsado de su formación pasaría a ser no adscrito directamente, abandonando el grupo parlamentario. Así es como funciona en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía, recuerdan desde el PSOE.