Los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, exigiendo la paralización del cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura (TTS), que, en caso de aprobarse por decreto, será recurrido judicialmente por los ejecutivos valenciano y murciano.

Así lo han anunciado este lunes los consejeros del ramo de las comunidades valenciana, Mireia Mollá, y murciana, Antonio Luengo, tras reunirse con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, a tres días de que el Consejo Nacional del Agua refrende en segunda vuelta la primera votación en apoyo del cambio de las reglas de explotación del TTS.

Esta modificación supone bajar el caudal máximo desembalsado en nivel 2 de 38 a 23 hectómetros cúbicos mensuales, lo que supondría una merma del 40 por ciento de los envíos para regadío que se producen en ese escenario, según ha advertido Jiménez.

En rueda de prensa, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollá, ha explicado que la carta, también suscrita por la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, reclama a Ribera que suspenda esa votación hasta que no concluya el ciclo de planificación hidrológica del Tajo, que determinarán los caudales ecológicos y, por tanto, los volúmenes que se pueden trasvasar al Levante.

Para Mollá, no existe "ningún argumento técnico" que valide el incremento de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez (Madrid) de los 6 a los 8,5 metros cúbicos por segundo, lo que supondría una "merma" y un "ataque directo" al agua que necesitan los regantes, añadiendo que "sobra" el elemento político a la hora de abordar esta materia.

Tras advertir de la importancia que tiene el trasvase para la economía de la Comunitat Valenciana y Murcia, la consellera valenciana ha emplazado al Miteco y a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Madrid a destinar fondos europeos de reconstrucción a obras de depuración y reutilización para mejorar la calidad de los caudales circulantes aguas abajo de Aranjuez.

"Si algún presidente dice que el río es una porquería, es porque se está permitiendo que en esas comunidades que el río no reciba aguas limpias", ha espetado Mollá antes de considerar "insólito" que los gobiernos andaluz, murciano y valenciano reclamen inversiones para otras comunidades autónomas porque el problema del río Tajo no es "técnico", sino una "cuestión política que queremos fulminar" desde el "rigor, la sensatez, el diálogo y el consenso".

Tras defender que los tres ejecutivos autonómicos del Levante son una "sola voz sin fisuras" en defensa del trasvase, la consejera valenciana ha anunciado que su ejecutivo activará "todas las medidas judiciales" a su alcance en caso de que el CNA apoye nuevamente el cambio de las reglas de explotación y el Miteco apruebe la orden ministerial correspondiente.

En la misma línea se ha manifestado su homólogo murciano, Antonio Luengo, quien ha concretado que la carta también se ha dirigido a todos los miembros del CNA con la intención de que conozcan las repercusiones de las medidas que van a votarse el próximo jueves y la "poca idoneidad" de abordar estos cambios sin acabar la nueva planificación hidrológica del Tajo.

Para el consejero murciano del ramo, el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo, que supondrían una disminución de los desembalses hacia la cuenca del Segura de unos 80 hectómetros cúbicos anuales, perjudicaría a los regantes del sureste sin beneficiar a los agricultores de la cuenca cedente.

Luengo ha apostado por explicar a los ejecutivos castellanomanchego y madrileño la necesidad de que inviertan en depuración para mejorar la calidad de las aguas sin necesidad de aumentar el caudal circulante, al tiempo que ha reclamado a Ribera que reúna urgentemente a las cinco comunidades autónomas afectadas para coordinar una respuesta común.

Finalmente, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha valorado que los regantes y los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia y Andalucía remen en la "misma dirección" frente a una revisión "extemporánea" de las reglas de explotación del TTS y el incremento "inusitado e injustificable" de los caudales ecológicos. En su opinión, la decisión del Miteco es una "veleidad política" que no responde a la "técnica y va a hacer daño en el Levante".

Jiménez ha recordado que los regantes han convocado una serie de movilizaciones, que comenzarán el 3 de mayo con una concentración ante la Delegación del Gobierno de Murcia, continuarán el 15 de mayo con protestas en los municipios del sureste y una manifestación el 24 de mayo en Madrid.

Fuentes de los gobiernos murciano y valenciano prevén que la votación del próximo jueves vuelva a ser favorable al cambio de las reglas de explotación, aunque confían en que algunos votos favorables en la primera vuelta, sobre todo de otras comunidades autónomas, se conviertan en abstenciones o rechazos en la segunda.