Miguel Padilla Campoy (COAG): «Defender el sector agrario de nuestra Región es tarea de todos los murcianos»

¿Qué importancia tiene el sector agroalimentario para la economía de la Región de Murcia?

Es un sector esencial. La actividad agroalimentaria, en su conjunto, genera el 20% de nuestro Producto Interior Bruto y el 12% del empleo de la Región de Murcia. Nuestra particular balanza comercial se mantiene en equilibrio gracias a la enorme aportación del sector agrario y de la industria agroalimentaria, que agregan el 50% de total de nuestras ventas en el exterior. Además, gracias a la generosa actividad del sector primario, nuestras comarcas están entre las que menos desequilibrios de población registran en España, con lo que se garantiza una gestión sostenible del territorio. Valorar y defender el sector agrario de nuestra Región es, o debería ser, tarea de todos los murcianos, porque su fortaleza favorece el bienestar de los que habitamos esta Comunidad.

Con respecto a las amenazas para este sector estratégico murciano, nos gustaría analizar alguna de ellas. ¿Sufrimos con la entrada de productos de países terceros?

Realmente, nos enfrentamos, como cualquier otro sector económico, a incertidumbres y amenazas. Afortunadamente, somos capaces de analizarlas y aportar soluciones. Sin embargo, no solo depende de nosotros, necesitamos el apoyo, imprescindible, de las Administraciones para combatir amenazas que, aunque fueron detectadas y advertidas, se están materializando. Los bajos precios que recibimos los agricultores y ganaderos comprometen la viabilidad de nuestras explotaciones, mientras que los costes de producción son cada día más altos y sensiblemente más elevados que en los países extracomunitarios, cuyos productos entran en el mercado europeo a competir con los nuestros, sin soportar los mismos costes laborales, fiscales o medioambientales; en muchos casos, el mercado alimentario europeo es ofrecido como contrapartida para obtener ventajas en las exportaciones industriales de otros países del norte de la Unión Europea.

La concentración de las actividades agroalimentarias en manos de grandes fondos de inversión podría resultar una amenaza para los dos extremos de la cadena agroalimentaria: el campo y la mesa

¿Los precios que perciben los productores están bien controlados por la Ley de Cadena Alimentaria?

La Ley de Cadena Alimentaria no es la panacea, pero sí que supone un primer paso para introducir transparencia, criterio y orden en el mercado de la oferta y la demanda de productos agroalimentarios que, como cualquier otro mercado, debe estar adecuadamente regulado. Es prioritario perfeccionar la Ley de Cadena Alimentaria para conseguir un reparto justo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa. Esta Ley, que en sí ya es un avance importante, contempla el coste de producción para la fijación de los precios en los contratos: para evitar la destrucción de valor en la cadena, cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato, en base a criterios imparciales y públicos. Todo esto tiene sentido, pero debe encontrar una adecuada aplicación práctica y la mejora de algunos de sus aspectos. Habría que regular la denominada ‘venta a pérdidas’, una práctica comercial para captar la atención del consumidor, utilizando algún producto como reclamo, pero que, dada la posición de dominio de la distribución, siempre acaba repercutiendo sobre el eslabón más débil.

¿Afecta al ciudadano una mayor concentración de la propiedad de las explotaciones agrarias?

La concentración creciente de la producción agraria es otra señal de alarma que debe preocupar al ciudadano y ocupar a nuestras administraciones. Es preciso recordar que la alimentación es un derecho esencial, y que la población debe tener garantizado el acceso a unos alimentos saludables a precios asequibles. Las normas y exigencias que nos vienen de Europa, en no pocas ocasiones, están alejadas de la realidad agro rural, e introducen requisitos inalcanzables para los pequeños y medianos productores, que más bien parecen barreras técnicas solo salvables por las grandes corporaciones; una hipertrofia de trámites y requerimientos que, a veces, son aplaudidos por corrientes que, siendo defensoras de la naturaleza, desconocen las verdaderas necesidades de la actividad de producir alimentos en el campo y la realidad de los que habitamos los entornos rurales, una población cada vez más reducida y envejecida, que resulta esencial para la gestión sostenible de los entornos naturales.

La concentración de las actividades agroalimentarias en manos de grandes fondos de inversión podría resultar una amenaza clara para los dos extremos de la cadena agroalimentaria: el campo y la mesa, separados por actores que captan un valor económico desproporcionado en perjuicio de ambos extremos: a unos se les retribuye con precios de mera subsistencia, mientras a los otros se les incrementa cada día el precio de la cesta de la compra. La solución sería una mayor cercanía entre el productor y el consumidor, algo que las nuevas tecnologías comienzan a facilitar; pero si antes de fraguar este incipiente modelo comercial desaparecen los pequeños agricultores y ganaderos, el consumidor quedará a merced de una distribución orientada al máximo beneficio, y el campo condenado a la despoblación.

Para terminar, ¿el agua?

Sin agua no podemos producir alimentos. El agua, como un bien de dominio público de titularidad Estatal, ha de administrarse bajo criterios de racionalidad y solidaridad, así lo determina la Constitución Española. En Murcia somos capaces de sacar el máximo provecho a cada gota de agua, nuestra tierra es fértil y con una climatología idónea para producir alimentos. No dotar a la Región de agua es perjudicar al conjunto de España, es preciso repensar las políticas relacionadas con este recurso. Tenemos capacidades de trasvasar agua sin comprometer el medio ambiente, y contamos con tecnologías para tratar el agua, reutilizar y desalar, con costes cada día más ajustados, gracias a la generación renovable, que abarata significativamente los tratamientos. Ahora es el momento de establecer un nuevo marco, consensuado territorialmente, sólido y duradero, que optimice el rendimiento del agua y de nuestras tierras. Es cuestión de voluntad sectorial y política, es una responsabilidad que se debe abordar con urgencia.

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