El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, anunció ayer que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público de manera que se obligue a las administraciones públicas a cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo. En una comparecencia ante la Comisión de Función Pública en el Senado, Iceta se comprometió de reducir la tasa actual de temporalidad al 8% en las administraciones a través de medidas «eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal», lo que supondrá la consolidación de miles de plazas en la Región.

La Administración regional admite que la tasa de temporalidad de los funcionarios está en el 29,9% debido a la pandemia, aunque asegura tener 1.600 plazas publicadas en el BORM a falta de poner fecha a los exámenes. La Consejería de Hacienda afirma que cuando se cierren estos procesos la temporalidad bajará al 9,4%. La Comunidad tiene 8.119 empleados en Administración y Servicios, 2.429 de ellos interinos.

Sanidad y Educación también han subido la temporalidad con los contratos de la pandemia.

El Ministerio calcula que la temporalidad en los ayuntamientos se sitúa en el 13%. En la Región existe una gran disparidad, según las estimaciones del secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, ya que hay consistorios que tienen hasta un 73% de la plantilla con contrato temporal, mientras que la Administración del Estado sí cumple el objetivo del 8%. Recordó que hay eventuales con 20 años de antigüedad en las instituciones.

El ministro explicó que espera que, antes del verano, las comunidades, las entidades locales y los sindicatos alcancen un acuerdo sobre todas estas cuestiones. «El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima», explicó Iceta. «Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde la temporalidad», dijo.

Apuntó que espera encontrar puntos de encuentro entre todas las partes para la definición de medidas concretas que permitan alcanzar los objetivos en materia de temporalidad, «previniendo los abusos y estabilizando el empleo». Respecto a la estabilización de los puestos de trabajo, dijo que se va a realizar un nuevo proceso y que espera que sea el último que se promueve para dar carácter fijo al personal interino.

Recordó que el pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público, que está trabajando en la reforma del artículo 10 del Estatuto del Empleado Público, en la concreción de los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización y en las tasas de reposición «flexibles» a aplicar para «poder absorber en un plazo razonable las plazas estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad».

Para la Consejería de Hacienda es «contradictorio que el Ministerio pretenda imponer objetivos y plazos a las administraciones sin darles las herramientas necesarias para alcanzarlos, como la eliminación de la tasa de reposición o permitiendo la ampliación de la oferta de empleo de estabilización a las personas que cumplen los requisitos ahora».