El Gobierno regional llevará a los tribunales a ANSE, que se niega a ceder a la Comunidad las fincas adquiridas en el parque Cabo Cope para blindar este espacio natural ante los plantes urbanísticos del Ejecutivo, que se vieron frustrados por una sentencia del Constitucional de 2012. El Gobierno, que ha ejercido el derecho de retracto sobre las propiedades compradas por Anse a la Sareb, acordó ayer presentar una demanda civil contra la organización ecologista, que exige a la Comunidad la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional, con el fin de asegurar su preservación en el futuro, y la devolución de todos los gastos que le ha ocasionado la operación.

Los terrenos adquiridos por la Fundación ANSE forman parte del espacio protegido en el que se proyectó la construcción del complejo turístico Marina de Cope. El director de Anse, Pedro García, asegura que la organización pagó 500.000 euros euros a la Sareb por la compra de 13 fincas rústicas con una superficie total de 270 hectáreas situadas en los parajes de Calabardina y Cabo Cope, en el término municipal de Águilas, que fueron escrituradas ante notario a finales de marzo de 2020.

Parte de esta cantidad se abonó mediante un crédito, que ha supuesto un gasto de casi 40.000 euros, pero la Comunidad solo está dispuesta a compensar los gastos de notaría y registro, según Anse.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguraba ayer en la referencia del Consejo de Gobierno que estas fincas siguen siendo propiedad de la Sareb. Pedro García Mostró su «perplejidad» ante tales afirmaciones y recordó que ANSE mostró «su disposición inicial para que las fincas pasaran a manos de la Comunidad Autónoma, siempre que se garantizara la conservación de Cabo Cope y del conjunto del Parque Regional, mediante la aprobación antes de la firma del retracto del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque y del Plan de Gestión del LIC».

Aunque la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez, aseguró ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la intención de la Comunidad es preservar este espacio natural, el Gobierno no acepta las condiciones impuestas por la actual propietaria de las fincas y anunció la presentación de una demanda civil «ante el bloqueo y los impedimentos por parte de ANSE para llevar a cabo la operación tal y como establece la legislación».

El Gobierno se ampara en la Ley del Patrimonio Natural y de la Diversidad que le permite «hacer efectivo el derecho de retracto para adquirir unos terrenos».

Por su parte, Pedro García aseguró que la organización está dispuesta recurrir los intentos de la Comunidad por apropiarse las fincas sin garantizar la preservación del espacio natural ni compensarle los gastos ocasionados por la operación. Añadió que «ya han transcurrido 29 años desde aprobada la Ley que protegía la zona sin aprobarse el PORN». Alertó de que hay en la zona se proyecta «un macrocamping» y ha sido ocupada por una plantación de regadío, a pesar de ser un espacio protegido.