El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba, en su última comparecencia en el Congreso, la ampliación de la moratoria de alquiler y la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables. Estas medidas vencían el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, pero ahora se prorrogarán tres meses adicionales, lo cual supone «un alivio» para miles de afectados en la Región, apunta el activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Joaquín Sánchez, que lamenta, no obstante, que este respiro sea temporal.
Se ampliará tres meses más (a partir del 9 de mayo) la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
Pero son parches con fecha de caducidad. Insiste Joaquín Sánchez en que «lo que se sigue pidiendo es una Ley de Vivienda, que se paralicen los desahucios, que haya vivienda pública y la regulación del alquiler». «Que haya un trabajo digno», remarca el activista, dado que «la gente no quiere plataformas ni Servicios Sociales: quiere su trabajo, su sueldo para poder vivir».
El sacerdote manifiesta que, aunque la moratoria se amplíe, «la angustia y la tristeza siguen» y recuerda el caso que le llegó hace poco, de una mujer que «me contó que se mete en el cuarto de baño y abre el grifo o tira de la cadena para que no la oigan llorar».
Perder el negocio y la casa
Aunque los principales afectados son miembros de «familias muy vulnerables que se quedan en la calle», Joaquín Sánchez pone el acento en que «también afecta a la gente que tiene en alquiler un negocio, si la facturación le ha bajado al 40%, también se puede acoger a esta moratoria».
Y es que, con la crisis, asevera el activista, «mucha gente ha hipotecado su vivienda, que ya tenía pagada, por intentar salvar su negocio», con la desgracia de que «al final ha perdido su negocio y va a perder la casa».
La moratoria «la vemos bien en el sentido del alivio, pero el problema de fondo es que los sueldos son muy bajos, el trabajo es muy precario y con esta pandemia se ha destruido mucho empleo», reitera el activista de la PAH.
Retrasos en la norma estatal por falta de acuerdo
Según dijo el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, cuando anunció la moratoria en el Congreso, a estas medidas urgentes para garantizar «una vivienda digna y adecuada» se sumará «dentro de poco» la primera ley estatal de vivienda, que lleva semanas de retraso ante la falta de acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos (socios de Gobierno) en algunos aspectos clave como la regulación de los precios del alquiler. Hace unas semanas, Murcia fue escenario de una manifestación para exigir esta norma.
"A mucha gente le da vergüenza que vayamos de la PAH a sus casas"
La moratoria tiene un efecto añadido, puntualiza Joaquín Sánchez, y es que implica que «se están acumulando en los juzgados miles y miles de desahucios y, cuando se termine esta moratoria va a ser espectacular» el volumen de trabajo que habrá por delante para ejecutarlos.
«Estamos hablando de miles de afectados: además de familias, hay autónomos y pequeños empresarios», apunta el activista, que ha notado algo que no se daba antes; al haber cambiado el perfil del desahuciado, la PAH se encuentra con personas que, aunque primero recurren a la Plataforma en busca de ayuda, prefieren frenar el respaldo para evitar que su entorno sepa lo que les ha ocurrido.
«A la gente le da mucha vergüenza», afirma Joaquín Sánchez, a lo que añade que «cuando se dirigen a la Plataforma, nos dicen que no quieren jaleos» de activistas o medios de comunicación.
Se trata de familias con hijos menores que les espetan que «mis amigos se van a enterar en el colegio» si del intento de paralización del desahucio se hacen eco los periodistas convocados o si la casa se llena de activistas. «Las familia nos llaman y nos dicen que no vayamos», que prefieren que se ejecute y buscar una alternativa en domicilios de allegados, concreta el sacerdote.
La PAH no cuenta con datos concretos de Murcia, pero estima que hay miles de perjudicados. En detalles aportados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el Congreso, hasta finales de marzo se habían concedido en España 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.
