El Tribunal Superior de Justicia de la Región niega a la antigua concesionaria del aeropuerto de Corvera, liderada por la constructora Sacyr, los 518 millones que había reclamado a la Comunidad Autónoma después de que le rescindiera el contrato. La cantidad reclamada por Aeromur en su liquidación de las cuentas del aeropuerto incluye 224,8 millones en concepto del lucro cesante por la pérdida de la concesión, además de 35 millones por los gastos que le ocasionó la resolución anticipada del contrato. El resto del dinero corresponde a las inversiones realizadas en la construcción e incluso a expropiaciones, aunque solo parte de los terrenos ocupados fueron pagados por la concesionaria, tal y como se recoge en el fallo judicial.

La Comunidad rescindió definitivamente la concesión a Aeromur en 2014, cuatro años después de que se terminara el aeropuerto, ante la negativa de la adjudicataria a ponerlo en marcha si no conseguía más dinero. El Gobierno regional convocó entonces un nuevo concurso y adjudicó el contrato a Aena, que cerró el aeropuerto de San Javier e inauguró el de Corvera en enero de 2019.

El Ejecutivo y Sacyr siguen discutiendo todavía la liquidación de cuentas del contrato rescindido, que resulta especialmente compleja, dado que la Comunidad tuvo que asumir el crédito de 182 millones con el que se financiaron la obras y costear sus intereses. Además, ha exigido a la concesionaria daños y perjuicios por las perdidas que ocasionó el retraso en la apertura del aeropuerto.

Ante las exigencias de Sacyr, la Sala de lo Contencioso del TSJ, que preside la magistrada María Consuelo Uris, da un tirón de orejas a la empresa, aunque no entra a resolver la liquidación definitiva de las cuentas en litigio, que está pendiente de otro procedimiento paralelo.

«Resulta sorprendente que reclame lucro cesante una mercantil que formuló ante esta Sala un recurso, el 230/2013, en el que, en la demanda, tras relatar todas las vicisitudes acaecidas en la relación concesional, alegaba que la concesión no resultaba viable, por no generarse ingresos suficientes para cubrir los gastos de operación y el servicio de la deuda». La sentencia remite así a los argumentos esgrimidos por Sacyr para reclamar a la Comunidad una revisión del contrato, que tampoco prosperó.

La Sala también muestra su perplejidad ante las justificaciones expuestas al reclamar el lucro cesante . «Añadía que la falta de liquidez necesaria provocará el colapso financiero de la concesión, abocando a la sociedad concesionaria a una situación concursal, si no se le pone remedio».

Los magistrados también rechazan los argumentos que da Sacyr para exigir los 294 millones restantes en su particular liquidación, a la que pretendía sumar, además, los intereses de demora «devengados desde el momento mismo en el que, con arreglo a la ley, debió dictar dicho acto de liquidación». Recuerdan que la Comunidad valoró las inversiones realizadas en 147,3 millones, una cantidad inferior al crédito de 182 millones que se ha visto obligada a costear, y destacan que solo habían sido abonadas parte de las expropiaciones, ya que el resto de los terrenos los pagó el Gobierno.